Sin la presencia del suspendido canciller Álvaro Leyva Durán, la Procuraduría resolvió no levantar su suspensión de tres meses fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores por el proceso disciplinario que enfrenta por la polémica licitación del contrato de pasaportes.
El procurador del caso señaló que en la actualidad sigue en vilo el trámite de la licitación del millonario contrato, por lo que siguen en firme los riesgos que motivaron tanto la apertura de la investigación disciplinaria como la suspensión por tres meses de Leyva.
En este sentido consideró que es necesario seguir protegiendo el proceso de contratación, teniendo en cuenta que el canciller tiene la última palabra frente a su designación del contrato.
“Los motivos, los fundamentos fácticos, las razones, los argumentos que expuso la sala de instrucción el 24 de enero hoy siguen iguales, no han desaparecido, en el proceso contractual siguen. Esto es, la licitación del contrato fue cancelada por ser declarada desierta, una licitación en desarrollo y un contrato ejecutado mediante contratación directa. Ese es el panorama que tenemos hoy 6 de marzo, no han variado, no han sido superados”, precisó el procurador al hacer referencia al estado de los contratos.
Para el procurador, de volver al cargo, Leyva podría afectar todo el proceso. “Al no haber desaparecido, pues no se podrá revocar medida de suspensión provisional”.
Con esta decisión, se deja en firme la continuación del juicio disciplinario contra Álvaro Leyva Durán.
En el pliego de cargos emitido por la Sala Disciplinaria de Instrucción se señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo, es decir, con conocimiento.
La primera tiene relación con la decisión de declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control disciplinario llamó a juicio al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Para salvaguardar la integridad del expediente, la Sala tomó la decisión de suspenderlo provisionalmente en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
En la indagación preliminar, la Procuraduría General escuchó la declaración de la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora, y quien fue la primera en advertir los riesgos de suspender el proceso licitatorio.
Igualmente, llamó la atención por una reunión que se habría presentado en un restaurante en París, Francia, entre Jorge Leyva, hijo del canciller, y Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y quien había sido encargado por el mismo canciller de adelantar el segundo proceso licitatorio.