La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra la gerente de la campaña de Gustavo Petro en el 2018. Después de dos años de indagación no se encontró evidencia sobre la comisión del punible de financiación de campaña con recursos provenientes de fuentes prohibidas.
En la decisión de 31 páginas, se concluyó que la campaña electoral de Petro “actuó conforme a las reglas legales existentes para ese momento, e incluso implementó medidas adicionales para intentar evitar el ingreso de recursos prohibidos por la ley, sin que existan elementos que permitan inferir que la Gerente desarrolló alguna conducta que se adecua al verbo rector ‘permitir’”, precisa la decisión.
La decisión beneficia a Blanca Inés Durán, quien fue directora del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.
El ente investigador manifestó además que debe ser la campaña de Petro al que evalúe el origen de los recursos que llegaron en el año 2018 por parte de los donantes Gonzalo Pérez Buitrago, Sandra Mónica Salazar y Bertha Beatriz Bravo y determinar si provienen o no de fuentes prohibidas.
“(...) a juicio de este delegado, la campaña desplegó toda suerte de controles para evitar precisamente este resultado, siendo entonces necesario indagar mediante ruptura a la unidad procesal, la situación que generó que estos tres donantes omitieran suministrar la información acerca de su condición de servidores públicos o las circunstancias que pudieron rodearon la realización de estos aportes de manera inconsulta con la campaña”, precisa.
El fiscal del caso citó además que el Consejo Nacional Electoral ya archivó la investigación administrativa que adelantó frente a la campaña de Petro en el año 2018. En este proceso se tuvieron en cuenta los informes de la gerencia de la campaña presidencial, recibos de caja, copias de las cédulas de los aportantes, las copias de los Formatos de Registro Único Tributario (RUT), así como las consultas a la denominada Lista Clinton.
Sin embargo, se advierte que por el momento se sabe que existieron recursos de fuentes prohibidas que ingresaron a la campaña sin el consentimiento de la gerente, Blanca Inés Durán Hernández y de los integrantes de dicha campaña electoral, por medio de los aportes de las personas señaladas anteriormente, por lo que se adelanta una ruptura procesal y se realice una investigación interna.
“(...) con lo cual, conforme con los argumentos expuestos, en lo que atina a la hipótesis de financiación de campañas con fuentes prohibidas respecto de la compulsa realizada a la Gerente Doctora Blanca Durán Hernández, luego del análisis de los elementos materiales probatorios, evidencias e información legalmente obtenida, se dará aplicación al artículo 79 de la ley 906 de 2004, ordenándose el adelantamiento de actuación aparte mediante ruptura de la unidad procesal en contra de Gonzalo Pérez Buitrago, Sandra Mónica Salazar y Bertha Beatriz Bravo”, concluye el ente investigador.
En el caso de estos promotores se encontró que se unieron a la campaña de Gustavo Petro Urrego mediante la regla de “donaciones por internet” establecida en el sistema de auditoría que fijaba topes al aporte y regulaba el procedimiento para el mismo a través de una plataforma digital donde se debía aportar documentos como la cédula y el RUT del donante.
En el caso de Gonzalo Pérez Buitrago se registró que el 6 de mayo de 2018 donó 150 mil pesos; Sandra Mónica Salazar donó el 16 de mayo de 2018 cerca de 120 mil pesos y Bertha Beatriz Bravo donó, el 12 de mayo, 95 mil pesos. Tras hacer la valoración no se encontró ninguna regularidad al interior de la campaña con estas donaciones.