El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de Julio César Bravo, quien era el presidente del Concejo de Córdoba y líder del Resguardo Indígena de Males, en Nariño.

De acuerdo con las cifras manejadas por Indepaz, con Bravo serían 15 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2022 y 1.301 desde la firma del Acuerdo de Paz, ocurrida en 2016.

La información preliminar de las autoridades indica que varios hombres armados llegaron hasta la residencia del señor Bravo, ubicada en la vereda Güitungal y, sin mediar palabras, después de ubicarlo, le propinaron varios disparos que terminaron con su vida, registró Noticias RCN.

Testigos del hecho contaron a la Policía que en la vivienda se encontraban otras personas familiares del político, pero estas no fueron agredidas por los victimarios.

Por su parte, la Gobernación de Nariño se rechazó el hecho violento y ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información fidedigna para capturar a los autores del homicidio.

Amílcar Pantoja, secretario de Gobierno de Nariño, precisó que desde la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Córdoba y la Policía dispusieron de una recompensa de $30 millones por información que permita identificar a los autores de este sicariato.

Autoridades de Nariño añadieron que “el homicidio se presentó en la vereda Güitongal del municipio de Córdoba. Julio César Bravo pertenecía al Cabildo Indígena de Males y militaba en el Partido Aico, en el momento se desempeñaba como presidente del Concejo de Córdoba”. Asimismo, dijeron que se inició una investigación, por parte de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para tratar de esclarecer el asesinato, ya que según trascendió este líder indígena había recibido amenazas por parte de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene influencia en esta zona de Nariño.

Ciudadanos expresaron mensajes de rechazo contra este hecho en redes sociales e hicieron un llamado al ministro de la Defensa, Diego Molano. La diputada de Nariño, Rosita Guevara manifestó su solidaridad con la familia del líder indígena Julio César Bravo y con la comunidad del municipio de Córdoba-Nariño. “Repudio los asesinatos de los líderes sociales, en menos de 32 días del 2022, han silenciado a dos en nuestro Departamento”, denunció.

El pasado fin de semana se dio a conocer el asesinato de Deisy Sotelo, activista en el departamento de Cauca, quien fue vista por última vez el pasado 23 de enero, cuando unos hombres armados la sacaron de su vivienda de manera forzada.

Su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas, en una carretera del departamento. Al parecer, su esposo también estaba con ella, aunque hasta el momento se desconoce su paradero, informó el 30 de enero Indepaz a través de su cuenta de Twitter.

La muerte de Deisy Sotelo supone la ‘masacre’, nombre con el que el Indepaz denomina a ese tipo de homicidios, número 13 del año, una cifra que ha aumentado considerablemente con respecto a las masacres cometidas en estas fechas el año pasado, que fueron seis.

Al menos 39 personas han muerto en las 13 masacres en 2022 a causa de incidentes violentos provocados por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Cauca es el departamento donde, por ahora, se han cobrado más víctimas este año, con un total de 11.