En la tarde de este miércoles 5 de junio se conoció una serie de millonarios contratos para un grupo de empleados misionales, quienes tienen la función de asesorar al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
De acuerdo con la información que publicó La W, existen contratos de ocho funcionarios destinados a aconsejar y asesorar a Dussán. Asimismo, estas personas tendrían sueldos de hasta nueve millones de pesos mensuales.
Cabe destacar que solo se informó sobre estos ocho funcionarios, sin embargo, pueden existir más; ya sean de nómina o contratados por la figura conocida en contratación como prestación de servicios. Y luego de conocerse la noticia, en las redes sociales diferentes usuarios lo denominaron como una masacre laboral.
La orden contratar a ocho “asesores” en el despacho le costarán al país $51 Millones mensuales. “Lo más grave es que sí se tomó la molestia de despedir a 60 funcionarios más, es decir en total 112, sin justificación alguna, generando pánico.laboarl y perdida de confianza en este gobierno. Del 1 al 30 de junio salieron cuatro directores regionales: de los Santanderes, del Caribe, de Antioquia y de la zona Centro. Estos son los cuadros sobre las terminaciones unilaterales sin justa causa”, aseguró Germán Valencia Castro, analista político y director del ‘El Estado’.
Ahora bien y según la información revelada, entre las ocho personas contratadas para ejercer funciones de misión en Colpensiones, devengan un total de 51 millones de pesos mensuales. No obstante, estos funcionarios son tercerizados, lo cual quiere decir que hay una empresa intermediaria a que se le paga por seleccionar y contratar a estas personas, por lo que los valores podrían aumentar.
Es importante destacar que en el último periodo de cuatro años atrás, en la entidad nunca existió tan grande cantidad de contratos misionales al mismo tiempo, con lo que el espacio para la especulación sobre esta contratación millonaria empieza a abrirse.
Pero no solo es en la dirección de Colpensiones donde esta figura misional es la protagonista, ya que desde abril de este año se han contratado por lo menos a 130 personas bajo este cargo en las diferentes sucursales regionales del país vinculados a la Vicepresidencia Comercial de Colpensiones.
Allí, es importante recordar que Paola Palmarín quien está a cargo de la Vicepresidencia Comercial de Colpensiones, fue escogida -como se dice coloquialmente- a dedo y que esta acompañaba a Jaime Dussán desde mucho antes que fuera oficializado su nombramiento.
Para mayor inquietud en este asunto de los contratos a empleados misionales, es a través de la misma Palmarín por donde están autorizándose el ingreso de este tipo funcionarios a la entidad. Asimismo, otro factor que cuestiona toda esta contratación de personas es porque, una vez ha sido nombrados y contratados, a los empleados misionales no se les ve por las oficinas e instalaciones de Colpensiones a nivel nacional.
Por otra parte, existen cifras que llaman la atención en comparación al periodo con corte a 31 de mayo de 2023 frente al del 2022, donde se evidencia que en la entidad hubo un incremento en la contratación de empleados, pasando de 639 a 856, lo cual representa un incremento de 217 personas más; un 33.9 % de incremento en nómina.
Regiones gastan millonadas en intermediarios de contratos interadministrativos
Mientras en lo público no hay plata que alcance para hacer una política social más impactante, se despilfarran recursos en pago de intermediarios y subcontrataciones.
La Auditoría General de la Nación, que tiene bajo su sombrilla a las contralorías territoriales, puso el ojo en la contratación interadministrativa, que, por demás, se hace a dedo (contratación directa), la cual, debería ser solo para casos excepcionales, pero se está sobreutilizando, y generando así un desperdicio de dineros públicos que podrían ser usados de manera más eficiente en cubrir necesidades de la población más vulnerable.
Según el organismo de control, fueron analizados 76.785 contratos y convenios interadministrativos que habían sido suscritos en el territorio durante los años 2019-2022.
El valor registrado de dichos contratos fue de 27,1 billones de pesos, y 5,42 billones de pesos no generaron ningún beneficio para los ciudadanos, puesto que esa fue la suma que costó la intermediación, lo que debe constituirse en una alerta para las contralorías territoriales.
En el informe de la Auditoría se evidencia que la contratación interadministrativa se concentra en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Vaupés.
Las capitales con mayor recurrencia en la contratación interadministrativa son Tunja, Medellín, Popayán, Leticia, Mitú y Barranquilla.
Bogotá suscribió 8.029 contratos interadministrativos en los tres años, por un valor de 4,1 billones. Le siguen Antioquia, que suscribió 3.978 por 3,5 billones de pesos.
“Llama la atención lo que sucede en estas ciudades, pues, los montos contratados de forma directa, por el régimen especial del que goza la contratación interadministrativa son bastante significativos”, concluye la Auditoría.