En conversación con SEMANA, el gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, reveló que el próximo 27 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de imputación y medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Lo anterior, en medio del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades que se habrían presentando durante la emergencia sanitaria por la covid-19.

El conflicto judicial tiene su origen en el año 2020, cuando el mandatario departamental suscribió 16 contratos de prestación de servicios por un valor que supera los $ 240 millones de pesos. Los contratos tendrían como objetivo la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla en términos de medidas biosanitarias y demás para ser difundida a los visitantes, al igual que auxiliares de enfermería, entre muchos otros.

Según la investigación, los referidos contratos no podrían suscribirse debido a que, para ese entonces, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turísticos, para evitar la propagación de la covid-19.

Sin embargo, el gobernador le explicó a SEMANA que, a pesar de aquellas restricciones, muchos turistas se quedaron encerrados en la isla y se debían atender.

“Claro que no había turismo. No se podía. Pero durante la pandemia quedaron encerrados aproximadamente cinco mil turistas, en los cuales ese personal fue quien los atendió, tanto enfermeras como operadores turísticos. Ellos estuvieron pendientes de todos los temas”.

Además, otra de las irregularidades, según la Fiscalía, se relacionaría con la aparente existencia de fallas en la supervisión de la ejecución de los contratos. Pues los pagos, al parecer, se habrían adelantado sin que las actividades contratadas se realizaran.

Ante este tipo de acusaciones, el mandatario departamental fue enfático y dejó en claro que todos los trabajos cumplieron con sus obligaciones contractuales: “Está demostrado en las evidencias. Los supervisores certificaron que esas personas cumplieron su función”.

Everth Julio Hawkins reiteró que el único propósito de ese contrato era proteger a los propios y turistas que quedaron dentro de la isla durante la pandemia.

“A esas personas las protegí. Gracias a mi gestión, a mi equipo, ellos tuvieron información oportuna, recibieron la atención, el cuidado, las posibilidades de comer y de salir de la isla. Ese fue el único pecado que cometí. No hay delito. Si no hubiese hecho eso y algo les hubiese pasando, ¿entonces también me hubiese tocado responder por omisión?”, reclamó.

Para el gobernador, el proceso que se adelanta en su contra es una injusticia. “Gracias a Dios y a la responsabilidad que tuve como gobernante, preferí la vida de esas personas que se quedaron ahí. Preferí la forma en cómo debían estar comunicadas en cuanto a toda la información del covid y también a la alimentación. Habían varios turistas extranjeros, entonces tuve la posibilidad de sacarlos en varios vuelos humanitarios durante los meses subsiguientes a la pandemia”, anotó.

Finalmente le dijo SEMANA que el miércoles 21 de septiembre regresará a Colombia para responder ante la justicia. Actualmente se encuentra en Washington, la capital de Estados Unidos, para interponer formalmente la solicitud ante la Organización de Estados Americanos, “para evitar que la Fiscalía General de la Nación siga en su conducta de persecución”.