En la mañana de este jueves, en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, fue capturado el coronel activo de la Policía Nacional Ricardo Alberto Durán Ruiz.
En su contra había una orden de captura por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación a datos personales, violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal.
En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá para la legalización de la captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Las primeras informaciones indican que la investigación, que se reanudó hace un año, estaría relacionada con la presunta filtración de información reservada a bandas delincuenciales y estructuras dedicadas al tráfico de drogas. Otros agentes de la Institución también estarían en la mira de las autoridades por supuestamente recolectar y entregar información sobre operativos.
Junto al coronel fue detenido un hombre identificado como John Freddy Rendon Bautista, en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Fuentes cercanas indicaron que desde hace varios meses estaban tras la pista del oficial adscrito a la Dijín de la Policía, esto tras recibir una denuncia en su contra por la participación de varios delitos.
El coronel Durán Díaz llevaba 12 años adscrito a la Policía Nacional, teniendo una relación directa con la Dijín y la Interpol, principalmente en temas de criminalística. Igualmente, realizó varios operativos en contra de las mafias, acciones que fueron lideradas por el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
La fuerte respuesta de la Policía al fiscal general
Luego de las recientes declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que se había bajado la operatividad de la Fuerza Pública tras el cese al fuego decretado por el Gobierno nacional con varias estructuras criminales, la Policía respondió, esta vez, desde de la Unidad Antinarcóticos.
El jefe del ente acusador señaló que en lo corrido del mes de enero solo se tenía el registro de 12 toneladas incautadas, cuando el promedio era de 25 por mes. Sobre este asunto respondió la Policía Antinarcóticos con cifras muy diferentes a las del fiscal.
Según el coronel Édgar Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos, en lo corrido de este año se han decomisado 35 toneladas en operaciones nacionales e internacionales.
También indicó que se incrementó la destrucción de laboratorios de cocaína, al señalar que en enero fueron destruidos 436 laboratorios de cocaína en diferentes regiones del país. Que las acciones se dieron en departamentos como Nariño, Guaviare, Cauca y Putumayo.
“Un incremento del 51 % respecto del mismo mes del año 2022, en el que se destruyeron 234″, agregó el oficial.
Sobre las toneladas de cocaína decomisadas este año dijo: “para este año 2023 la Policía se ha incautado de 35 toneladas de clorhidrato de cocaína, teniendo en cuenta que parte de estas incautaciones se realizan en territorio extranjero”.
El llamado de atención lo hizo el fiscal general luego de sostener una reunión con el presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, en donde el fiscal le expuso los temas que estaban preocupando a la entidad luego de la expedición de los decretos que orden el cese al fuego con cuatro organizaciones criminales en el país: Clan del Golfo, Disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia y Los Pachenca.
Y es que tanto las Fuerzas Militares como la Policía suspendieron las acciones ofensivas contra estas organizaciones que, al parecer, estarían aprovechando la situación para desarrollar sus activades criminales como el narcotráfico.
Por medio de un instructivo, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, ordenó que cada comandante en todos los niveles deberá impartir órdenes en cuanto a suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre las Fuerzas Militares y los grupos previamente descritos (Estado Mayor Central Farc-EP, Coordinadora Guerrillera del Pacífico Farc-EP- Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN), y verificar que las órdenes lleguen a todos los niveles de las cadenas de mando”.
Y es que mientras la Fuerza Pública frenó las operaciones militares ofensivas contra dichas estructuras criminales, estas, por el contrario, han ido desarrollando acciones que han causado indignación entre la comunidad. Pues se les ha visto haciendo patrullajes en diferentes regiones del país como si fueran autoridad o teniendo bodegas para el almacenamiento de toneladas de cocaína cerca de colegios, como ocurrió recientemente Urabá, donde fue encontrado un centro de acopio del Clan del Golfo.
Entre sus directrices, el general Giraldo también indica que “en cumplimiento de la misión constitucional, se debe continuar con el desarrollo de operaciones militares de control territorial, fluvial, marítimo y del espacio aéreo. Se debe continuar con las operaciones militares, terrestres, fluviales, marítimas y aéreas contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el Código Penal colombiano”.
Añadió el general Giraldo que “cada comandante debe llevar un registro diario (desde el 1.° de enero de 2023) de las actuaciones de los grupos previamente referenciados ubicados en su área de responsabilidad, con el fin de anticipar situaciones que puedan poner en riesgo a la población civil, afectar a las propias tropas, el cumplimiento de la misión constitucional y el desarrollo del proceso de paz”.