Nuevamente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es señalado por presuntos hechos de corrupción durante su administración. Esta vez, el asunto que lo tienen bajo la lupa de la Procuraduría es la realización de la Feria de Cali “virtual” en la que invirtió un gigantesco presupuesto, al parecer, sin hacer los estudios necesarios para hacer ese gasto. Por este motivo, le fue proferido pliego de cargos.
“De acuerdo con la investigación, al parecer, el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19″, señala la Procuraduría, como argumento para tomar la decisión.
Y es que al parecer, con la llegada de la pandemia, que cambió la vida en el mundo entero, y ante la inminencia de la llegada de la Feria de Cali, desde la administración municipal, en especial desde la Secretaría de Cultura, se apresuraron a realizarla de forma virtual, sin tener en cuenta los protocolos necesarios para la contratación.
Por eso mismo, la Procuraduría no solo profirió pliego de cargos contra el alcalde Ospina, también contra su secretario de Cultura, José Darwin Lenis Mejía.
Para el Ministerio Público, la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, “cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.
Detrás de esa improvisación y contratación a las carreras, al parecer se cometieron graves y costosas irregularidades, pues los valores, según las indagaciones, no se explican para una feria de carácter “virtual”.
El órgano de control señaló que el alcalde Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura, Lenis Mejía.
“No le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales”, señala la Procuraduría.
Por esos hechos, la Procuraduría considera que el alcalde Ospina Gómez incurrió en una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y su secretario Lenis Mejía en falta gravísima a título de culpa gravísima.
En su momento, al abrir la investigación, en noviembre del año pasado, la Procuraduría señaló que “no ve justificable el valor mencionado con la celebración que se transmitió por televisión y los canales oficiales virtuales de la Alcaldía de Cali; considera que se mantuvo el valor de una feria presencial”.