La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá anuló provisionalmente el fallo emitido el pasado 9 de mayo contra el empresario Carlos Mattos por pagar millonarios sobornos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para resultar beneficiado en un litigio jurídico que le impedía seguir comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
En la decisión tomada este viernes, el magistrado le señaló que se declara la nulidad de todo lo actuado en este proceso desde la audiencia del 7 de abril de 2022, cuando Mattos se allanó a los cargos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado “con la única finalidad de advertirlo respecto a la restricción prevista en el artículo 349 del la Ley 906 y en su caso indicarle que no tendrá rebaja alguna de pena”.
En la decisión se manifestó la necesidad de investigar si Mattos tuvo algún incremento patrimonial como consecuencia de la medida cautelar decretada por el juez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas, “porque así mantuvo la exclusividad en la comercialización de los vehículos de la casa automotriz Hyundai”.
“La Sala comparte el criterio expresado por el delegado del Ministerio Público cuando señaló que no basta que el delegado de la FGN o la defensa del procesado manifiesten que no existe evidencia de un incremento patrimonial producto de los ilícitos, sin que el órgano investigador haya realizado algún acto investigativo con esa finalidad”, precisó el magistrado.
Si Mattos reintegra el dinero producto del incremento patrimonial se dejará en firme la condena de nueve años y cinco meses de prisión. De no hacerlo, se expone a un aumento en la condena.
Igualmente, les hizo un llamado de atención a los sujetos procesales, con el fin que “cumplan sus deberes porque, de mantener comportamientos como el que aquí se evidenció, podrían estar en los límites de las faltas disciplinarias o en los mismos linderos de la legislación pena”.
En el proceso, de acuerdo con las autoridades, funcionarios y empleados de la Rama Judicial fueron sobornados para que modificaran el complejo sistema y de esta forma enviar directamente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, que presidía Reynaldo Huertas, para que emitiera unas medidas cautelares que le permitieran a Mattos seguir comercializando estos vehículos en el país. El funcionario judicial ya había recibido un millonario soborno para emitir esta decisión en tiempo récord.
Luego de un largo litigio, que incluyó la extradición de Mattos de España a Colombia y un fallido preacuerdo, el empresario aceptó su participación y responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado.
Igualmente, se comprometió a reparar a la Rama Judicial con un millón de dólares y el ofrecimiento de excusas públicas por los daños causados a la sociedad por su conducta.
En el caso puntual del polémico empresario, firmó un acuerdo de transacción con el representante de la Rama Judicial para el adelanto del pago de 3.700 millones de pesos para la reparación económica.
Finalmente, el pasado 7 de abril, Mattos reconoció su plena responsabilidad en el delito de cohecho por el pago de 100 millones de pesos a la jueza 16 Civil Municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, “como agradecimiento” por haber dejado en firme las medidas cautelares.
Carlos Mattos se encuentra actualmente privado de su libertad de la cárcel de Cómbita en Boyacá, después de protagonizar un escándalo en La Picota con permisos y salidas irregulares, las cuales eran aprovechadas para ir a su oficina en el norte de Bogotá y adelantar actividades meramente personales.