Después que se conocieran los videos del empresario Carlos Mattos saliendo sin un permiso justificado de la cárcel La Picota para sostener reuniones en su oficina privada, ubicada en el norte de Bogotá, el Ministerio de Justicia ordenó su traslado inmediata a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.
Mattos, quien ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía General reconociendo su participación en el llamado caso Hyundai, fue grabado llegando a una oficina de su propiedad ubicada en el norte de Bogotá. En ese lugar estuvo cerca de tres horas atendiendo a varias personas, entre ellas, a los abogados Iván Cancino y Laura Kamila Toro.
Durante horas, el movimiento en el edificio es constante, incluso se observa a un hombre ingresar varias veces con sobres de papel manila e incluso con almuerzos. Después de sostener estos encuentros privados, Mattos se sube tranquilamente al carro del Inpec.
Por este escándalo se ordenó la destitución inmediata del director del Inpec, general Mariano Botero Coy y el director de la cárcel La Picota, coronel en retiro Wilmer José Valencia. En el caso de Botero, la Policía lo llamó a calificar servicios, esto representa una salida automática de la Institución.
Frente a este caso de corrupción administrativa y permisos irregulares, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz aseguró que se van a tomar medidas de fondo para evitar que estas situaciones se repitan. “Aquí nadie puede tener privilegios y por eso se han tomado estas decisiones, en las que se van tanto el director de la Picota como el director del Inpec y se autorizó el traslado inmediato de Carlos Mattos”, señaló Ruiz en entrevista con RCN Radio.
¿Qué pasa con el preacuerdo de Mattos?
SEMANA conoció que el preacuerdo que firmó Mattos con la Fiscalía General -y que ya fue presentado ante un juez de conocimiento de Bogotá- para aceptar su participación en dos casos de corrupción que permearon la Rama Judicial está en la cuerda floja. Los fiscales analizan la actual situación y verifican si este comportamiento irregular afecta la negociación.
En el documento, firmado a mediados de enero, se establece una aceptación de los cargos y una condena de 56 meses de prisión (cuatro años y medio) para el empresario colombo-español por planear y poner en marcha un plan para direccionar una demanda en los juzgados civiles de Bogotá, con el objetivo de resultar beneficiado con unas medidas cautelares y así seguir vendiendo los carros de la marca coreana en Colombia.
Mattos se comprometió a pagar una indemnización de dos millones de dólares a la Fiscalía General y a la Rama Judicial por los daños y perjuicios causados con su acción. Igualmente, aceptaría su plena responsabilidad en el delito de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos).
Este proceso está relacionado con 100 millones de pesos que le habría enviado Mattos en una caja de zapatos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá (quien ya fue condenada tras aceptar cargos), quien dejó en firme las medidas cautelares que beneficiaron al entonces presidente de la empresa encargada de vender los vehículos de Hyundai en Colombia.
El empresario, quien fue extraditado de España el pasado 18 de noviembre, enfrenta otro proceso penal por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Este proceso se reactivará en mayo y se espera que Mattos también reconozca su participación mediante la firma del preacuerdo, acuerde el pago de una indemnización para las víctimas reconocidas y presente excusas públicas.
Para lograr su plan, Mattos habría pagado millones para que la demanda que presentó vulnerara el sistema de reparto que es manejado por un sistema para que llegara directamente al despacho del juez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas (quien enfrenta un juicio por estos hechos), para que en tiempo récord fallara y lo beneficiara.
En el intermedio, Mattos sobornó a empleados y funcionarios de la Rama Judicial con el único fin que alteraran el sistema, que se consideraba hasta ese momento extremadamente seguro, y lograran que la acción judicial fuera direccionada.