En menos de un semana el expresidente de la EPS SaludCoop, Carlos Alberto Palacino Antía, recibió su segunda condena por su participación directa en el billonario desfalco a la salud. Esta vez fue sentenciado por las irregularidades en los recobros ficticios al Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga), hoy Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
En el análisis jurídico, la jueza 17 de conocimiento de Bogotá determinó que el Fosyga, con la actuación de Palacino, se vio afectada en una suma de 14 mil millones de pesos. Por estos hechos de corrupción también fue sentenciado Javier Mauricio Sabogal Jaramillo vicepresidente financiero.
En la lectura del sentido del fallo, la jueza hizo un fuerte llamado de atención frente a la gravedad de los hechos que fueron juzgados y la actitud de los dos procesados con el manejo de los recursos de la salud. “Era como presidente, como directivo, como máxima cabeza, en el que existía la responsabilidad de responder por esa situación presentada y no eran uno o dos casos, eran muchísimos más”.
Por estos hechos de corrupción Palacino fue sentenciado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. Para proteger los principios constitucionales ordenó la captura inmediata en contra del expresidente de SaludCoop.
El fiscal del caso le pidió a la jueza de conocimiento de Bogotá que emita una condena ejemplar en contra de Palacino y Sabogal por la gravedad de los daños que le causaron al sistema de salud y a los colombianos en general.
Tras cinco años de juicio se determinó -por varios testigos- que Palacino tuvo conocimiento exacto que se falsificaron cheques y sellos para realizar cobros irregulares al Fosyga, el cual era el encargado de realizar los cobros a las EPS.
En total fueron 2.912 cheques que a la postre fueron anulados o guardados, es decir, que jamás legaron hasta los proveedores de servicios de salud, afectando así las finanzas del sistema. “Hubo un sinnúmero de cheques sin entregarse a la IPS que se guardaban, se pagaban con posterioridad o se anulaban. En palabras de Palacino fueron ‘800.000 recobros en el 2010 sin pagarse’”, advirtió la juez de conocimiento.
El pasado 14 de noviembre la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a nueve años de cárcel y le ordenó el pago de una multa de112.000 millones de pesos por su responsabilidad en el desfalco a la salud.
“Para el Tribunal, lo ilustrado basta para concluir, sin asomo de duda, que Carlos Gustavo Palacino Antía se aprovechó de la figura societaria y, en su rol de administrador, manipuló los estados financieros con el propósito de implementar un plan de negocios claramente dirigido a apropiarse, a favor de la empresa, de los recursos de naturaleza pública”, precisa la decisión de segunda instancia.
Con su actuar no solamente afectó el erario, sino “la salud de los millones de afiliados que llegó a tener SaludCoop” en su momento, llegando a ser la EPS más grande y con más cobertura del país. “Conducta que, ciertamente, se ajusta a la descripción típica del delito de peculado por apropiación. La naturaleza dolosa de ese proceder, justamente, se ve evidenciada en la manera como dicha apropiación ocurrió”.
En otro de los apartes del análisis jurídico, el Tribunal Superior encontró que incluso en su defensa, Palacino intentó justificar los movimientos que se adelantaron desde SaludCoop.
“Aunque el procesado ha insistentemente manifestado que actuó convencido de tener derecho a un beneficio patrimonial, lo cierto es que esa excusa no es compatible con la realidad objetiva develada en los estudios contables. Porque para llegar a la estimación de la utilidad susceptible de ser empleada, se empezó por acudir a la tergiversación de los estados financieros, en contra de las advertencias del órgano supervisor”, recalcó el fallo.
En 2010, Palacino fue retirado de su cargo luego de que la Superintendencia de Salud interviniera el sistema y se identificara un desfalco de 1,4 billones de pesos, según la Contraloría. La apropiación indebida de recursos provenientes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y rentas parafiscales se habría realizado entre los años 2000 y 2004. Según el ente investigador, este se calcula en 40.000 millones de pesos, lo que a 31 de diciembre de 2017 asciende a los 770.000 millones de pesos.
En las cuentas del ente de control está que los 7.000 afiliados de entonces terminaron pagando inversiones nacionales, inversiones en el exterior (México y Ecuador), adquisición de planta y equipo (activos fijos), inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores, y pago de deudas.
Por estos hechos de corrupción, en 2012, la Procuraduría General le impuso la máxima sanción disciplinaria (20 años). Esto por utilizar de manera indebida los recursos públicos de la salud.