Juan José Laverde, exdirectivo de la corredora de seguros que supuestamente obtuvo la garantía bancaria falsa del contrato de Centros Poblados entregado por el MinTIC para entregar centros de conexión en municipios del país, fue identificado como una de las fichas clave en la investigación por ese millonario escándalo de corrupción.

Laverde fue capturado el mismo día en que la Fiscalía detuvo al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y al contratista Emilio Tapia. Sin embargo, ahora un juez le concedió la detención domiciliaria.

Laverde, desde el inicio del proceso, negó su participación en el escándalo de corrupción, advirtiendo que lo único que hicieron desde la aseguradora fue ubicar a la persona que anticipó, tenían la posibilidad de obtener las garantías bancarias del Itaú. En su interrogatorio en la Fiscalía entregó los nombres de las personas que contactó con Centros Poblados y que supuestamente se encargarían del documento.

La Fiscalía, por el contrario, aseguró en la imputación de cargos en contra de Laverde, que él tenía conocimiento de todos los movimientos que se estaban generando para obtener la garantía bancaria, de la forma que fuera y que era él quién sostenía conversaciones constantes con el contratista Emilio Tapia y el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque.

La fiscal del caso presentó en las audiencias preliminares las declaraciones de otros testigos que se postularon como colaboradores del ente acusador para desenredar la telaraña de corrupción alrededor del contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información con Centros Poblados, entre ellos el empresario Jorge Molina.

“Voy a comentar cuáles son las personas que han estado vinculadas a este proceso; inicialmente, los nombres de Enrique López Benavides, persona que tiene contactos con el banco Itaú; Juan José Laverde, corredor de seguros y representante de la firma Rave; Manuel Rave, que es empleado de la misma corredora de seguros; Andrés Restrepo, que es empresario de Medellín, y Emilio Tapia, dueño del contrato de MinTIC”, dijo el testigo en su declaración.

Molina dijo que fue contactado por Juan José Laverde, de Rave Seguros, para tratar de obtener la garantía bancaria, le presentaron a Emilio Tapia y él aceptó ayudarles a cambio de que lo tuvieran en cuenta en futuros proyectos de infraestructura.

“Juan José Laverde, angustiado, llamó a decir: no me expidieron la póliza, necesito la garantía bancaria; le dijo a Manuel Rave: hágale el borrador de cómo debe estar constituida dicha garantía. Manuel me envió ese documento borrador, se lo envié a Enrique López en treinta minutos, a una hora me envió ya diligenciado por el banco manifestando que ya estaba en el sistema del banco constituido y que ya se podía presentar me lo envió y yo se los reenvié a Juan José Laverde”, se lee en la declaración de Molina con la Fiscalía.

La estrategia de defensa de Laverde durante las audiencias preliminares consistió en negar su participación en el escándalo de corrupción, señalando que lo único que hizo fue obtener una póliza contractual, que cumplió con todo lo ordenado por la ley y, adicionalmente, contactar al empresario Molina con los directivos de Centros Poblados.

Otro de los capturados en este caso, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, advirtió que todo el trámite se hizo por medio de la corredora de seguros, de Rave, y en ese momento era Juan José Laverde quien estaba pendiente del proceso.

“Juan José plantea la alternativa de hacer exactamente lo mismo que se hizo para la garantía de seriedad, mi posición hacia él fue pues yo no tengo ningún inconveniente si es una garantía bancaria y la entidad la recibe, para mi es perfecto y así sucede, recibo las garantías, las entregó la entidad, la entidad la revisa me contesta por correo que tiene unos ajustes por hacer, los devuelvo”, dijo Duque en el interrogatorio.

Ahora se conoció que desde el pasado 27 de octubre un juez de control de garantías sustituyó la medida de aseguramiento que corría en contra de Laverde de detención en centro carcelario, por su lugar de residencia, esto atendiendo a que no representa un peligro para la sociedad y la Fiscalía avanza sin problemas en el proceso.