El llamado ‘Hotel Negro’, la ‘Casa de los Masajes’ y las otras viviendas que fueron usadas por organizaciones criminales para secuestrar, torturar y asesinar personas, ahora quedarán en manos del Estado. La Fiscalía aseguró que esas propiedades pasarán a procesos de extinción de dominio.
Las llamadas “casas de tortura”, donde desmembraban cuerpos, pero que según la alcaldesa Claudia López, no son de “pique”, están repartidas entre el sur y el centro de Bogotá. SEMANA encontró algunos de estos centros de terror y logró conocer las declaraciones de cómo en el interior de esas viviendas los delincuentes ajustaban cuentas y condenaban a la muerte a sus rivales.
Los centros de crimen fueron identificados por la Fiscalía en las investigaciones por hechos de extrema violencia atribuidos al llamado Tren de Aragua y Los Maracuchos. Serían ellos los responsables de los casos de personas asesinadas y de los cuerpos que aparecieron en las esquinas de Bogotá, metidos en bolsas y en la basura.
Lo que sigue, después de identificar estos sitios, capturar a los cabecillas de estas organizaciones, además de los sicarios encargados de estos vejámenes, es incautar esas propiedades, las casas que fueron usadas para matar, para ordenar los crímenes que aterraron a la ciudadanía en Bogotá.
“Esos casos donde se han aplicado técnicas avanzadas de investigación, que muestran efectivamente la sangre y donde se han recopilado evidencias que nos llevan inferir o llevarlo ante los jueces, sobre casos de homicidio y tortura, todas esas casas donde se hayan realizado actos criminales entran efectivamente a esas operaciones de extinción de dominio”, dijo el director seccional de fiscalías en Bogotá, José Manuel Martínez.
En el caso de Los Maracuchos y las investigaciones que se adelantaron por los homicidios ocurridos en la vivienda ubicada en plena calle 24 con avenida Caracas, en el centro de Bogotá, el secretario de seguridad del distrito, Aníbal Fernández de Soto, advirtió que esa casa está ubicada en una zona de expansión para las obras del metro de la capital y por tanto será demolida.
Son más de 2.000 las propiedades que, según la Fiscalía, fueron objeto de extinción de dominio y que estarían comprometidas con organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de actividades delictivas. Se trata, dice el director seccional de fiscalías, de una estrategia para afectar con contundencia el bolsillo de los criminales.
“Hay en varias localidades de Bogotá casas que son utilizadas para temas de microtráfico, donde han ocurrido homicidios, donde se llevan los celulares básicamente para la receptación, es donde hay concierto para delinquir; efectivamente son esas casas que hacen parte de procesos de extinción de dominio”, dijo el delegado de la Fiscalía.
La Fiscalía hizo una advertencia que podría entenderse como una recomendación para los propietarios de inmuebles que dejan en arriendo: si observan o dudan de la legalidad en las actividades que desarrollan en sus inmuebles, es su obligación denunciarlo; de lo contrario, los bienes pasan de manera inmediata a procesos de extinción de dominio y, sin tener responsabilidad, podrían resultar afectados de manera indirecta.