Tras varios meses del proceso por la desaparición de la pequeña Sara Sofía en Bogotá, la defensa de los únicos judicializados por estos hechos –Carolina Galván y Nilson Díaz– presentó una solicitud de nulidad en contra de la imputación de la Fiscalía que ahora una juez aprobó y de plano ordenó la libertad de los acusados.
La juez segunda penal del Circuito Especializado de Bogotá fue contundente al señalar los errores en que incurrió la Fiscalía a la hora de hacer la imputación de cargos en contra de los capturados. Advirtió que el relato de los hechos que hizo el fiscal del caso fue una exposición deficiente y confusa, y por eso la nulidad que invocó la defensa y que confirmó la juez.
“Porque según ella los hechos jurídicamente relevantes imputados no son claros. Si bien es cierto que desde el punto de vista técnico se pueden hacer algunas críticas a la imputación, no es menos cierto que sea un acto de comunicación. La imputación logró su cometido. Esto es, comunicar a ellos de manera clara y concreta por qué se les procesaba y además por qué se les priva de la libertad”, dijo el abogado Simón Morato, representante de las víctimas en este proceso.
Para el defensor es evidente la responsabilidad que tienen los dos procesados en los hechos materia de investigación y así quedó no solo en la imputación, sino en la acusación formal de la Fiscalía por el delito de desaparición forzada, que dejó como víctima a la pequeña Sara Sofía Galván.
“Es absolutamente claro que las últimas personas que estuvieron con Sara Sofía fueron Carolina Galván y Nilson Díaz y que fue bajo su tutela que esta menor fue posteriormente desaparecida. De manera que esa claridad también la tienen los procesados y estoy absolutamente seguro también la tiene la defensora”, dijo el abogado Morato.
Aun así, la defensa de los acusados interpuso la solicitud de nulidad al advertir que la imputación no fue clara y es motivo suficiente para remediar la fallas de la Fiscalía de cara a evitar violaciones al debido proceso de los implicados, aspecto que compartió la juez al considerar que la Fiscalía planteó hipótesis que no tenían piso en los hechos jurídicamente relevantes.
El acto de comunicación de los cargos de la Fiscalía, según la juez, no cumplió su finalidad, contrario a la manifestación que hizo la representación de las víctimas. Para la juez, la lectura de los hechos es vaga y débil, de manera que no dejan claridad de lo que se enumeró en la imputación.
“En conclusión, la posibilidad de la Fiscalía para realizar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, solo podrá darse cuando no se advierta un escenario para que el ente acusador caiga en la realización de labores investigativas tendientes a convalidar los hechos”, dijo la juez.
La juez advierte que la Fiscalía no puede aspirar a que en la audiencia de acusación se remedien los errores de la imputación, pues se estaría en una clara violación del debido proceso de Carolina Galván y Nilson Díaz.
La respuesta de la Fiscalía
Una vez se conoció la decisión de dejarlos en libertad, la Fiscalía insiste en la responsabilidad de los indiciados, están en poder del ente acusador las pruebas de presunta responsabilidad de los antes mencionados, entre ellas la confesión.
Desde la Fiscalía manifestaron su compromiso en la protección de los menores y no comparte, desde ningún punto de vista, la decisión de la juez y continuará con el proceso de judicialización de los presuntos responsables.
La Fiscalía solicitará nuevamente las respectivas ordenes de captura y continuará con la investigación para lograr el total esclarecimiento de este caso que ha conmocionado al país.
“Los derechos de menores de edad son prioridad absoluta y, por eso, la Fiscalíacompulsará copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue a la juez del caso, dado que con la desición tomada se vulneran los derechos de la menor. Se solcitará la priorización de esa investigación”, señalaron desde el ente acusador.
Frente a los argumentos de la jueza de presuntos errores en la imputación, la Fiscalía manifiestó que no existió error en la imputación jurídica y se presentaron los elementos materiales probatorios suficientes para sustentarla, entre ellos dos confesiones de los presuntos responsables.