Colombia se salvó de pagar más de 130 millones de dólares de indemnización a la minera canadiense Red Eagle Exploration, en un proceso de arbitraje, luego de que la empresa reclamara que las medidas tomadas por el país, en aras de proteger el páramo de Santurbán, violaban el Tratado de Libre Comercio entre los dos países.
La decisión se dio a favor de Colombia por la protección de los páramos, en el proceso de arbitraje solicitado por esa compañía, el cual hizo trámite en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, con sede en Washington.
El abogado colombiano Fernando Martilla Serrano lideró el equipo jurídico que defendió a Colombia y evitó una condena millonaria. Con esto, reivindican al país en el derecho internacional y conminan a regular la protección del medio ambiente.
El tribunal arbitral desestimó las reclamaciones de Red Eagle, quien alegaba que uno de sus proyectos, el Vetas Gold Project, se afectó con los cambios en la delimitación dentro del páramo de Santurbán en 2014. Por ello, acogió los argumentos que Colombia presentó sobre la interpretación del Tratado y la protección del páramo, reconociendo que son esenciales para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
El Tribunal también concluyó que prohibir la minería en estos ecosistemas es un ejercicio legítimo del derecho de Estado para regular a favor del interés general, por lo que, según concluyó, no viola el derecho internacional.
La situación entre la canadiense y el Estado colombiano se desencadenó luego de que, en 2014, el Ministerio de Medio Ambiente estableció los nuevos límites en este páramo, prohibiendo la minería en dicha zona. En 2018, la compañía presentó una demanda por esas nuevas delimitaciones.
A la demanda de esta compañía se sumaron, en su momento, otras canadienses como Eco Oro, quien demandaba al país por 736 millones de dólares, argumentando que hubo una “expropiación indirecta e ilegal”, así como “un trato injusto y no equitativo” de parte del Estado colombiano en el contrato de concesión del proyecto llamado Angostura, un yacimiento de oro y plata ubicado en inmediaciones del páramo. La empresa sostenía, además, que tenía un derecho adquirido, avalado por un tratado de libre comercio firmado en 2008 con Canadá.
La decisión del Tribunal para Colombia también va en la línea del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, durante su visita a Santander el pasado 13 de febrero, lo volvió a ratificar en el municipio de Málaga. En esa ocasión, hizo un contundente anuncio en el que aseguró que no permitiría la explotación minera en el páramo: “Cueste lo que cueste, no permitiremos la minería en el Páramo de Santurbán”.
Además, señaló: “Pero la posición del Gobierno respecto a Santurbán es la misma de antes de la campaña electoral, de durante la campaña electoral y de ahora como Gobierno elegido, y es que no va a haber explotación de oro en Santurbán, porque hay que proteger el páramo y, fundamentalmente, el agua de millones de personas que están al lado y lado del páramo”.