Este lunes fue hallado en el río Cauca el cuerpo sin vida del patrullero Carlos Andrés Rincón, quien se encontraba desaparecido en Cali desde el pasado 3 de junio del presente año, luego de transitar por el sector Paso de Comercio en la capital del Valle del Cauca.
El hallazgo fue confirmado este martes por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, quien indicó que el uniformado habría sido atacado con arma de fuego y arma blanca. “Fue abordado por delincuentes en esa zona, que en ese momento estaba bloqueada, y fue asesinado en ese lugar. El cuerpo presenta varias lesiones, producidas por arma de fuego, objeto contundente y por arma cortopunzante”, dijo el oficial.
De acuerdo con el director de la Policía, el cuerpo de Carlos Andrés Rincón fue hallado exactamente en inmediaciones del río Cauca, en la vereda Las Piles, aproximadamente a nueve kilómetros de Cali. Ahora, la Policía está ofreciendo una recompensa a quien entregue información sobre los responsables de este crimen.
“La investigación avanza por buen camino, ofrecemos hasta $100 millones por los actores de este homicidio, por estas torturas contra un policía que se encontraba en su día de descanso. Pedimos que nos ayuden a encontrar a los responsables”, agregó el general Vargas.
La motocicleta en la que se movilizaba el patrullero, quien fue visto por última vez el jueves 3 de junio, fue hallada incinerada el viernes del mismo mes.
El director de la Policía también indicó que la Dijín y la Policía Metropolitana de Cali se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido con el patrullero que llevaba aproximadamente nueve años en la Institución.
El presidente Iván Duque lamentó la muerte del patrullero y se solidarizó con su familia.
Vale destacar que tras los graves hechos, que ocurrieron el pasado 4 de mayo en sector del Paso del Comercio en Cali, donde dos jóvenes fallecieron producto de los disturbios, las autoridades municipales pidieron a la Fiscalía un fiscal especializado para atender la situación; la Fiscalía respondió y envió a dos funcionarios para coordinar la investigación.
“Son los encargados de adelantar la investigación que permitirá establecer las responsabilidades de la muerte de dos jóvenes en los hechos violentos que se presentaron el pasado 4 de junio en el sector Paso del Comercio, en el norte de la ciudad de Cali (Valle del Cauca) en el Distrito 2”, señaló la Fiscalía en un comunicado para explicar cuál será el trabajo de esos dos fiscales.
Por otra parte, la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina por el manejo que le ha dado al paro nacional, en el que no habría garantizado los derechos de quienes han decidido mantenerse al margen de las manifestaciones.
El ministerio público busca determinar si el mandatario ha tomado las medidas correctas para garantizar los derechos de los ciudadanos que se han visto afectados por los bloqueos, saqueos y desmanes sobre bienes públicos y privados.
Es de recordar que recientemente Ospina también realizó una denuncia penal, pero en esta ocasión contra los civiles que quedaron en video disparando contra civiles en la capital del Valle del Cauca.
“En cumplimiento de una promesa realizada, se acaba de poner una denuncia penal en contra de personas indeterminadas, que estando en la protesta han utilizado armas, han disparado contra las personas. También, personas que estando comprometidas en los bloqueos han sido captadas por las cámaras de seguridad utilizando armas y disparando indiscriminadamente (...) Colocamos los elementos, material probatorio, fotos, lo que está en nuestros videos”, dijo el alcalde.
“Le pedimos a la Fiscalía que actúe, procese y le dé un trámite especial a esta denuncia, ya que es de alto impacto para la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Hay un compromiso de cero tolerancia con el uso de armas”, agregó.
Por su parte, la Procuraduría indicó al referirse al paro nacional que “se dispuso de todo su recurso técnico y humano, en especial, procuradores delegados, regionales, provinciales y distritales, con el fin de adelantar todas las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que se requieran frente a cualquier acto que desdibuje la legitimidad de las movilizaciones”.