Por el crimen del desmovilizado de las Farc Dimar Torres, registrado el 22 de abril de 2019, un juez acaba de condenar al coronel en retiro Jorge Amézquita y los soldados en retiro Yorman Alexander Buriticá, Cristian David Casilimas y William Andrés Alarcón. En la decisión se ordenó la captura inmediata de los tres militares.
En la audiencia celebrada este miércoles, el juez de conocimiento determinó que durante el extenso juicio la Fiscalía General presentó evidencia documental y testimonial que permitió inferir la participación directa y responsabilidad de los tres militares en la retención, actos de tortura, homicidio e intento por ocultar el cuerpo de Torres.
Con esta evidencia, el coronel Amézquita fue sentenciado por el delito de homicidio agravado en persona protegida, mientras que los soldados profesionales fueron hallados responsables del cargo de favorecimiento para la comisión de homicidio en persona protegida. El próximo 13 de febrero el juez emitirá el monto de la sentencia.
El 10 de junio de 2023, un juez ordenó la libertad de los tres militares por considerar que se presentó un vencimiento de términos. “Se computaron 325 días sin que se hubiese emitido el sentido del fallo o una decisión condenatoria u absolutoria”.
Por estos mismos hechos, el cabo Daniel Eduardo Gómez fue condenado a 20 años de cárcel, luego de aceptar que disparó contra la humanidad de Dimar Torres y adelantó acciones para manipular la escena del crimen.
La Fiscalía General acusó al exjefe de Operaciones Terrestres N.° 11 de haber ordenado la retención de Dimar Torres, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una zona alejada con varios disparos y evidentes signos de tortura. Debido a esto le imputó el delito de homicidio en persona protegida.
En la acusación, el fiscal del caso indicó que esta se podría considerar como una ejecución extrajudicial, pues la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente.
En abril de 2021, la Procuraduría General confirmó la destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez Amézquita, como determinador, provocador e instigador de la muerte de Dimar Torres Arévalo, firmante del Acuerdo de Paz.
La Sala Disciplinaria ratificó además la destitución e inhabilidad por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, al encontrar que fue el autor material del crimen, y por 12 años a los soldados profesionales adscritos a la Compañía Alabarda Cuatro del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11 de la Sección Dos, Cristian David Casimilas Pulido, y de la Sección Uno, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, como cómplices de la conducta delictiva.
Así fue el crimen de Dimar Torres
De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la tarde del 22 de abril de 2019, Dimar Torres se movilizaba en una motocicleta azul y, mientras pasaba frente a la base Sinaí del Ejército Nacional, fue detenido y recibió cuatro disparos de fusil que le propinó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo.
Al parecer, un grupo de soldados ayudó a esconder la motocicleta y habría cavado una fosa en una zona boscosa ubicada a 15 metros de las instalaciones militares, en la que presuntamente fue sepultado el cuerpo de la víctima.
Las evidencias indicarían que el entonces coronel Pérez Amézquita, supuestamente, ordenó el crimen porque tenía información de que Dimar Torres sería el explosivista del ELN que aparentemente instaló un campo minado en el que cayó un soldado el 12 de abril de 2019, en zona rural de Convención (Norte de Santander).
La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres y, en ese sentido, habría pedido actuar contra Dimar Torres. Así está documentado en varios testimonios, en la versión del cabo Daniel Eduardo Gómez, quien reconoció su participación en el crimen, y en algunas interceptaciones telefónicas.
En una de las comunicaciones conocidas, el coronel Pérez Amézquita habría señalado: “No hay que capturarlo, hay que matarlo. No aguanta que se vaya a engordar a la cárcel”. En enero de 2020, un juez de Control de Garantías ordenó cobijarlos con medida de aseguramiento en una guarnición militar.