En una decisión ejemplarizante, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a más de 21 años de cárcel al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el escándalo de corrupción que protagonizó al comprar comida para el Plan de Alimentación Escolar con sobrecostos de más del 300 %.
El magistrado Ariel Torres, ponente del caso, expuso en audiencia que “celebrado el juicio oral y tramitada la audiencia corresponde a la Sala dictar sentencia de primera instancia dentro de este proceso en contra del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, acusado por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación en favor de terceros (...) condenar a la pena principale de 260,5 meses de prisión e inhabilitarlo en el ejercicio de funciones públicas por 260,4 meses”.
La condena que puso tras las rejas al exgobernador del Cesar está relacionada con hechos que sucedieron en el año 2015, cuando ejerciendo ese cargo participó en un entramado de corrupción alrededor de la comida de los niños del departamento mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Uno de los casos más escandalosos en esta serie de irregularidades fue la compra de kilos de hígado a 65 mil pesos, cuando para esa época no superaban los 14 mil pesos.
Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia también determinó que Monsalvo Gnecco no puede seguir cumpliendo su pena en detención domiciliaria, medida que había tenido en medio del proceso, sino que el Inpec será oficiado para que lo traslade de inmediato a un centro penitenciario para que cumpla la pena impuesta.
En el fallo de 404 páginas, el alto tribunal señaló: “El cargo que para entonces ostentaba el acusado sin duda alguna corresponde al más alto en la estructura de la Rama Ejecutiva departamental, por lo que puede afirmarse que ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad, y en esa misma medida un reconocimiento social, que le demandaba una mayor exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como administrador y jefe de la administración departamental, así como el acatamiento de la Constitución y las normas de contratación estatal, lo cual explica que los delitos cometidos se consideren graves”.
El contrato en cuestión para prestar el servicio del PAE en áreas rurales y urbanas del departamento tuvo un costo de 17 mil millones de pesos, y se adjudicó sin cumplir los requisitos legales, lo que permitió que terceros se apropiaran de recursos; en este caso, el contratista se habría beneficiado y terminaron apareciendo graves sobrecostos en la comida para los niños del departamento.
“Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como economista, especialista en evaluación social de proyectos, en ejercicio de sus funciones públicas como gobernador por espacio de algo más de tres años, sabía perfectamente que tramitar contratos con violación de sus requisitos legales y celebrarlos o liquidarlos sin verificar las condiciones de legalidad y apropiarse de recursos públicos en pro de terceros, quebrantaba el bien jurídico de la administración pública”, señaló el fallo de primera instancia.
Hay que recordar que en la audiencia que se desarrolló el pasado 14 de febrero, cuando se notificó que Monsalvo Gnecco iba a ser condenado, su abogado José Luis Barceló le solicitó al magisttrado Torres que el monto de la condena no superara los quince años y que no se capturara a su cliente porque había cumplido con todas las diligencias judiciales. Sin embargo, la Corte Suprema tuvo otras consideraciones y ordenó detener al exmandatario para que cumpliera su condena de 21 años en una cárcel que será asignada por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).