Dos contratos enredaron a Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías y contratista de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno, también condenado por el llamado “carrusel de contratos”, y que ahora lo dejan un responsable más de este escándalo de corrupción, el mayor en la historia de la capital del país.

Se trata del contrato IDU número 138 del 26 de diciembre de 2007, del Grupo cinco (5) de la Fase III de Transmilenio y el contrato IDU No. 137 de 2007 del Grupo cuatro (4) en la misma fase del entonces proyecto Transmilenio por la calle 26.

La Fiscalía en 2018 acusó formalmente al excontratista por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El monto de los contratos, que terminaron investigados y con las presuntas irregularidades, fue superior a los 269.000 millones de pesos.

“Se le acusa de ser el beneficiario de dineros públicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio, en la suma de $205.386′021.951. Además, de ser favorecido directamente por el IDU, vía Laudo Arbitral, en cuantía de $34.188′943.201, más los 28.081′044.349, que no fueron amortizados por el cesionario, para un monto total de 269.000 millones de pesos”, dijo la Fiscalía en su momento.

De acuerdo con el ente investigador, Andrés Jaramillo recibió millonarias comisiones por conseguir que el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá IDU, otorgara los contratos al llamado Grupo Nule. La evidencia y el material probatorio fue presentado ante un juez de conocimiento que luego de tres años de diligencias lo declaró culpable.

“La adjudicación de los contratos se hizo sin el visto bueno de la interventoría externa contratada por el IDU y lo previsto en el Manual de Interventoría de la misma entidad, para lo cual fue dada una comisión del seis por ciento del valor de la adición, a los funcionarios con la intermediación de concejales y otros servidores públicos”, explicó la Fiscalía.

La evidencia presentada en el juicio demostró que el excontratista además de conseguir los contratos y recibir millonarias comisiones, entregó sobornos a funcionarios públicos como el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y la exdirectora del IDU Liliana Pardo, hoy prófuga de la justicia.

“Su comportamiento lesionó el bien jurídico de la administración pública, al vulnerar junto con funcionarios públicos, los principios de transparencia, selección objetiva, e imparcialidad, sin que tuviera justa causa para ello”, dijo el fiscal del caso.

Con la condena al excontratista del Distrito se suma más de 25 sentencias condenatorias en contra de personas vinculadas al llamado “Carrusel de Contratos” de la capital. En caso de Jaramillo el juez odenó, al declararlo responsable, la captura inmediata.