El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el trámite de extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Esto mientras se toma una decisión de fondo frente a una acción de tutela que presentó un grupo de víctimas del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.
“Ordenar al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, o a quien corresponda, suspender la ejecución material de la orden de extradición del señor Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta tanto se emita decisión de fondo en este amparo constitucional, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, precisa el segundo punto del ‘resuelve’.
La Sección Segunda del Consejo de Estado admitió una de las pretensiones de la acción de tutela que reclama la protección de los derechos fundamentales de las víctimas en contra de la Presidencia de la República, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación (Grupo de Extradición Dirección de Asuntos Internacional)”.
En el debate jurídico, la Sala avaló la medida cautelar que solicitaron los demandantes, quienes argumentaron que las actuaciones surtidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional y la Fiscalía frente al pedido de extradición de Otoniel, sus derechos fundamentales en su condición de víctimas de las acciones que se le atribuyen al requerido.
El magistrado César Palomino Cortés encontró que ya se han cumplido todos los trámites legales requeridos en materia de extradición y que como solo resta que el traslado al país solicitante se haga efectivo, se considera pertinente emitir esta medida cautelar, mientras se resuelve la demanda de tutela. Esto para evitar que la decisión sobre los derechos fundamentales supuestamente afectados. Debido a esto se ordenó suspender completamente la extradición, “hasta tanto se emita decisión de fondo en este amparo constitucional”.
Esto por considerar que se vulneraron sus derechos a “sancionar, instigar, recurso efectivo, la imposición de penas, verdad justicia y reparación”. La acción judicial fue presentado por Bernardo Vives y Ana del Carmen Martínez, de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica (Cavida); María Ena Castaño Flórez y Uriel Tuberquia, de la Comunidad de las Camelias; Dagoberto Pretel, del Consejo Comunitario Cabeceras; Guillermo Peña, de la Comunidad de Pichima; Quebrada del Litoral San Juan; Jaime Machete, de Asoaiba; Dobaybi Singigui Bailarín, del Cabildo Mayor de Murindó; Digna Aurora Castaño, de la comunidad de la Larga Tumarado; Carlos Quiro Castaño Sierra, de la Comunidad Jiguamiando; Silvia Berrocal de Compuaz y Manuel Rivas Torres, de la Zona Humanitaria de Camelias.
El Consejo de Estado le dio un plazo de dos días a las entidades tuteladas para que presenten un informe con sus respectivos conceptos frente a las pretensiones de las víctimas. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría deberán anexar los documentos pertinentes y relacionados con la solicitud de extradición de Otoniel.
La extradición de Otoniel
El excomandante del Clan del Golfo es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. En el indictment (escrito de acusación) la Corte señala que alias Otoniel lideró una extensa guerra con otros narcotraficantes con el fin de controlar las rutas para el envío de cocaína y el control territorial. Estas acciones delictivas se presentaron en el Urabá antioqueño.
En esta guerra varios narcotraficantes fueron asesinados por orden de alias Otoniel, quien quería imponer un régimen de terror. Para aumentar su poder creó nexos con organizaciones delincuenciales en Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México y Estados Unidos.
En uno de los apartes del escrito de hace referencia al hecho de que el narcotraficante se expone a una cadena perpetua; sin embargo, esto está prohibido por el tratado de extradición formado entre los Estados Unidos y Colombia.
Otoniel, quien fue capturado el 25 de octubre de 2021, era el hombre más buscado del país. Después de no acogerse a la desmovilización de los grupos paramilitares conformó junto al exjefe de las AUC, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, la banda criminal de Los Urabeños, la cual buscaba manejar el tráfico de drogas en el Urabá antiqueño. Esta organización pasó luego a conocerse como El Clan Úsuga y luego como el Clan del Golfo.
De esta banda criminal formaban parte varias de sus hermanas y núcleo familiar. Durante años fueron las encargadas de manejar las finanzas y coordinar las acciones en contra de la población civil y la Fuerza Pública.
Las autoridades reseñaron que alias Otoniel ordenó los más escabrosos crímenes para tener el control territorial. En uno de los operativos más grandes adelantados en contra de su estructura encontraron documentación que revelaban que era un “depredador sexual”, esto mediante el reclutamiento de menores de edad de la zona, preferiblemente vírgenes, para saciar sus aberraciones.
Otoniel fue capturado en medio de la Operación Agamenón adelantada por las Fuerzas Militares en el cerro El Yoki, corregimiento El Totumo de Necoclí, en pleno Urabá antioqueño, región que fue epicentro de la lucha de narcotraficantes.
En ese momento en contra de alias Otoniel existían 122 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias por delitos relacionados con extorsión, secuestro, homicidio agravado, concierto para delinquir, terrorismo, hurto y narcotráfico. Igualmente es requerido en extradición por una corte de los Estados Unidos.
El pasado 8 de abril, el presidente Iván Duque firmó la extradición de alias Otoniel después que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, emitiera concepto favorable.