Con un empate 4 a 4, la Corte Constitucional no logró definir el futuro del impuesto al patrimonio de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. Desde la tarde del 21 de agosto, la Sala Plena se sentó a discutir uno de los ejes clave del proyecto del Gobierno, pero finalmente no se logró llegar a ningún consenso.
Pero ahora el futuro del impuesto, que esperaba recaudar miles de millones de pesos, pasará a manos de un conjuez, quien será el encargado de desempatar la discusión que lleva varias semanas en la Corte Constitucional. Fuentes del alto tribunal le confirmaron a SEMANA que los términos para discutir este tema se vencen este lunes 26 de agosto, pero mientras se define la decisión, ese plazo quedará suspendido.
La discusión en la Corte se basó en las demandas de dos abogados después de que el impuesto al patrimonio quedó permanente para quienes tienen activos por más de 3.388 millones de pesos; sin embargo, para los expertos la norma tendría varias inconsistencias, y una de las principales preocupaciones es que el Estado llegue a tener la posibilidad de quedarse con los patrimonios que excedan esos límites.
Desde la Corte Constitucional informaron que “la ponencia no obtuvo la mayoría requerida para ser aprobada y por esa razón, de acuerdo con la normativa que rige a la Corte, se designó a un conjuez para que este participe en la tramitación y decisión final del asunto”.
Por ahora es incierta la fecha en que se resolverá el futuro del impuesto al patrimonio del actual Gobierno, pero lo cierto es que la norma ya ha estado agendada en tres oportunidades en la Sala Plena del alto tribunal. Pero hasta el momento no se ha logrado definir el futuro del impuesto.
En los pasillos de la Corte Constitucional se rumora que la demanda que llevó el artículo del impuesto de la reforma tributaria del Gobierno no cumple con todas las condiciones para que se tome una decisión determinante sobre la norma. Pero el debate sigue en pie sobre lo que va a pasar en los próximos días.
Una de las demandas que estudia la Corte la interpuso el abogado Guillermo Otálora, quien explicó que el impuesto no era equitativo, porque “darles el mismo tratamiento a contribuyentes con y sin liquidez para pagar un impuesto permanente es contrario a la equidad tributaria porque pasa por alto que la capacidad de pago de los contribuyentes del impuesto al patrimonio no depende del tamaño de su patrimonio, sino de su liquidez en el respectivo año fiscal”.
El abogado Humberto Sierra Porto también demandó el impuesto al considerar que “es inconstitucional por cuanto trata de igual manera a personas que tienen su patrimonio en activos líquidos (portafolios de inversión, cuentas de ahorro) y quienes, por ejemplo, tienen su patrimonio constituido por bienes inmuebles que son difíciles de liquidar”.