La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba.
Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que el proceso en contra de la congresista se da por los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito. Esta decisión fue tomada en el marco del expediente que se adelanta por la denominada farcpolítica y que es llevado por la magistrada Cristina Lombana, a quien la senadora ha buscado apartar del proceso, pero siempre ha perdido la pelea.
Dentro de este expediente se manejan varias denuncias que señalan a Piedad Córdoba de iniciar acercamientos con la extinta guerrilla de las Farc desde 1998, época en la que era congresista y no contaba con la autorización oficial para realizar este proceso.
Al parecer, la senadora visitó en varias oportunidades los lugares donde estaba ubicada esta guerrilla, algo que logró por la supuesta relación cercana que mantenía con integrantes del Secretariado de las Farc.
Córdoba tiene que dar varias explicaciones, en especial, luego de que quien fuera su asesor personal, Andrés Vásquez, la señalara por aprovechar la liberación de secuestrados para ganar réditos políticos.
Lo que dijo Andrés Vásquez
Vásquez, la mano derecha de la senadora Córdoba durante años y quien se convirtió en su principal testigo en contra, confirmó, además, que ella “sí tuvo negocios con Álex Saab”, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos. Y ratificó su versión con documentos que él le entregó en su momento a la Corte Suprema de Justicia.
Son 17 compromisos que Vásquez adquirió con la magistrada investigadora Cristina Lombana, los cuales cumplió al pie de la letra con los soportes documentales de cada uno.
De esta manera, la situación jurídica de Córdoba parece complicarse cada día más, aunque será la justicia la que tiene la última palabra.
Aunque Córdoba siempre ha negado haber tenido vínculos comerciales con Saab, las pruebas son contundentes y demuestran lo contrario.
En las pruebas entregadas a la Corte, Vásquez ratificó que Córdoba tuvo negocios con Saab y que “se trató de una gestión de recuperación de cartera con una comisión de éxito”. Fue más allá y dijo que “Piedad Córdoba y sus hijos fueron informados detallada y periódicamente de todo el proceso, y de los cuestionamientos que tenían varias empresas dentro del listado de Álex Saab”.
“Hasta el final de mi gestión, encomendada directamente por Piedad Córdoba, el Gobierno de Venezuela había aprobado un monto importante de la deuda de 29 millones (de dólares) a las empresas de Álex Saab y otros no, por investigaciones de importaciones ficticias, manipulación de divisas y fraude aduanero”, señaló el documento de Vásquez.
Según su versión, hasta Camilo Castro, hijo de la exsenadora, habría estado involucrado en esas transacciones, pues la excongresista lo habría delegado para esa recuperación de la millonaria cartera de Saab en Venezuela.
Con claridad, Vásquez describió la que sería la intermediación y labor de comisionista que protagonizó Córdoba con Saab y otros empresarios ante el Gobierno venezolano. Menciona el caso del expresidente del Congreso Miguel Pinedo Vidal.
“Cuando el Gobierno de Venezuela aprobó e inició el pago de Cadivi (Comisión Nacional de Administración de Divisas) a empresarios apoyados por Córdoba, ellos empezaron a pagar la comisión de éxito. El primer empresario fue Salomón, quien vino a través de una reunión entre Córdoba y Vidal. El listado Córdoba lo incluyó en el grupo Los árabes”, explicó Vásquez.
“A medida que iban concretando los pagos, ellos iban cumpliendo los compromisos con Córdoba y con la mano derecha de Nicolás Maduro, William Amaro (...) Ambos pedían que les dieran el dinero en efectivo; sin embargo, en la segunda solicitud, Salomón dijo que era imposible seguir moviendo tanto dinero en efectivo y pidieron una empresa a la que pudieran transferir”, agregó en sus declaraciones.
Vásquez entregó todos los detalles. “Durante los años en los que trabajé con Piedad Córdoba en Venezuela, Álex Saab era un empresario al borde de la quiebra, con deudas astronómicas en los bancos y sus esperanzas estaban en los 30 millones de dólares que el Gobierno de Venezuela le debía. Por lo que su capacidad de financiar a Piedad eran muy limitadas y todo se basaba en la expectativa del pago de Cadivi”, señaló Vásquez en el documento.
Por el momento, la congresista no se ha referido públicamente a la decisión que tomó la Corte.