En los próximos días un equipo de investigadores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, adelantará una inspección en las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara de Representantes, por la indagación que se adelanta sobre la corrupción que habría corroído al Congreso a través del contrato para comprar 40 carrotanques.
El magistrado Francisco Farfán, quien lleva la investigación contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, trata de recoger información en medio de esta inspección sobre la manera en que se tramitaron las reformas a la salud y pensional.
Y es que la Fiscalía en medio de la imputación contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector, Sneyder Pinilla, señaló que Name habría recibido 3 mil millones de pesos y Calle mil millones de pesos, a través del contrato de los carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, al parecer, para que apoyaran las reformas del gobierno Petro.
Esa sería la principal razón para que la inspección de la Corte esté dirigida en verificar si se realizó algún tipo de transacción económica, a cambio de que los congresistas de los partidos Alianza Verde y Liberal, supuestamente tramitaran las reformas de la salud y pensional sin ningún contratiempo.
Con esa inspección al Congreso de la República, el magistrado Farfán también ordenó la declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés ldárraga Franco para que den su versión sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro puede asistir de manera presencial o enviar las respuestas por escrito a través de una certificación juramentada, para que responda las dudas que existirían en todo este escándalo y que fue una solicitud expresa que hizo el abogado Billie Torres, quien defiende al representante, Andrés Calle.
Y es que la propia fiscal Andrea Muñoz, quien imputó a los principales testigos por la corrupción en la UNGRD, confirmó que Olmedo López y Sneyder Pinilla pagaron sobornos al expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, con dineros públicos por orden de Carlos Ramón González y a través de Sandra Ortíz, exconsejera de las regiones.
“Coordinó, usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República”, dijo la fiscal Andrea Muñoz.
Después de que se conociera esa postura de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia al director de Inteligencia, Carlos Ramón González, explicando que “lo mejor es la separación de su cargo”, teniendo en cuenta que no podía dirigir la entidad que tenía a su cargo, mientras que la Fiscalía lo investiga como una de las piezas claves detrás de la compra de congresistas.
Por la investigación en la Corte Suprema contra Name y Calle ya se han declarado varios altos funcionarios del gobierno Petro como el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector del DNI, Carlos Ramón González; y la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, quien fue señala por Sneyder Pinilla, como la “mensajera” a cargo de llevarle en maletas los 3 mil millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado de la Alianza Verde.