Le llegó el momento al senador liberal Mario Alberto Castaño, quien según un contundente material probatorio presentado por la Fiscalía, sería la cabeza de una organización dedicada a la corrupción y apoderarse de los recursos públicos en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, en donde saqueaba el erario con apoyo de alcaldes y dirigentes en estas regiones.
La Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.
Pero además, sustentan la decisión señalando que Castaño debe permanecer privado de la libertad por ser un peligro para la comunidad.
Señala la Corte en su decisión que “esta presunta organización criminal habría sido integrada por servidores públicos y por particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal que se impulsaron y tramitaron en varios municipios de los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima e incluso algunos con iniciativa del Ministerio del Deporte”.
Las pruebas contra el senador, que según se sabe ya está buscando una negociación con la justicia, son tozudas y señala la Corte Suprema en el expediente que el aforado habría podido “influir determinantemente en la designación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de percibir salarios por dicha vinculación (por prestación de servicios) no realizaron ninguna actividad de las que se les encomendaron”.
Y lo que es más grave: Castaño le habría exigido, a título de contraprestación, una remuneración económica a personas interesadas en ocupar ciertos cargos públicos, “a cambio de garantizarles su vinculación al mismo”.
Sin duda alguna, un escándalo bochornoso al que la Fiscalía le hizo un seguimiento detallado y por varios meses, dentro de un expediente que denominó “Las marionetas”, el cual recogía los movimientos corruptos de cada una de las nueve personas, ya capturadas, que harían parte de la organización, encargada de direccionar de manera irregular miles de millones de pesos de contratos públicos en cinco departamentos del país y que presuntamente habría terminado en los bolsillos de esta red.
Cabe recordar que SEMANA reveló las grabaciones que lo tienen hoy contra las cuerdas y respondiendo en el estrado de la Corte Suprema. No es para menos, Castaño y su banda habrían desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor
En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.
En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. “Este hijueputa llega, y se va hacer un negocio, y le digo: ¿Mario y qué va hacer? Dijo: no, voy a prolongar lo de licores, eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año, y yo: ah hp, ¿y eso por cuánto? Dijo: por 15 años… no, pues… y sale de allá y le digo: ¿Cómo le fue? Y me dijo: bien, hermanito. ¿Y le renovaron eso? Dijo: sí, me renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo: eh no joda hijueputa, o sea que usted queda lleno y pide postre”.
Además, en el mismo diálogo, se habla que en Chocó también les habrían prometido entregarles el negocio del “tránsito”. Castaño y Martínez, en otra comunicación, hablan de montar Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), donde los conductores tienen por obligación tramitar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.
“Me puse a estudiar eso de los CDA y ya tengo la vuelta; cómo es esa vuelta, papi, pero esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después habilitarla, porque las resoluciones cambiaron, o sea uno tiene que hacer el CDA, comprar la maquinaria, hacer un CDA completo, de cero vale lo que yo le digo a usted y usted no me creía”, le dice Martínez al senador.
El congresista le responde que en el Cauca ya tiene alcaldes que podrían ayudarlo para los CDA y le reprocha a su asesor que hay que estar pendientes de la plata: “Juan, usted, marica, se va pa’ allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, güevón, uno tiene que ser empresario primero que ser político, güevón, usted es muy bobo, güevón”.
En otra conversación relacionada con el contrato del programa ‘Sacúdete al parque’, Lorena le menciona al congresista liberal que se han presentado demoras constantes para finiquitar todo, debido a que faltaba muy poco para las elecciones al Congreso.
El senador se muestra preocupado e incluso le llama la atención a su lobista en el departamento del Tolima.” (…) Tienen demasiados compromisos con los del Centro Democrático, pero ahí estamos tratando que todo salga adelante (…) Falta ahora la resolución de las ambulancias”, le asegura Cañón al senador Castaño, quien le pide resultados y que exija el cumplimiento del dinero que él ya había entregado. Igualmente, le hace una petición para que tome la distancia necesaria con el fin de que “no salga enredada”.
En todas las comunicaciones se hacen señalamientos directos al papel y conocimiento de Medardo Ortega en estos casos, indicando que las charlas se habían complicado, puesto que él hablaba de un dinero cuyo origen y destino era desconocido por la organización. “Eso no puede ser así”, reclama el senador Mario Castaño.
Los cuatro lobistas de Castaño le ponían de presente las arduas labores y contactos que estaban haciendo para conseguir contratos.