La Corte Suprema ordenó la captura del exmagistrado Leonidas Bustos para que responda en Colombia por el escándalo del Cartel de la Toga. La decisión se tomó después de resolver la situación jurídica del otrora expresidente de la Sala Penal y de la Corte Suprema de Justicia, quien desde hace varios años se encuentra en Canadá.

Bustos deberá responder en el país por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Esto por formar parte de la red que exigía millonarias comisiones a cambio de retrasar y entorpecer los procesos contra aforados constitucionales.

Bustos fue mencionado en la grabación en la cual el entonces jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, intercedió para retrasar una orden de captura por los procesos que se le adelantaba por el cartel de la hemofilia y el desfalco a los recursos de las regalías en el departamento.

En esa oportunidad, Moreno mencionó a Bustos –a quien Luis Gustavo Moreno veía como un padre– asegurando que él había tenido intervención directa en los casos de los entonces senadores Musa Besaile, Álvaro Ashton y Hernán Francisco Andrade Serrano, así como el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.

Según Moreno –testigo clave en este escándalo–, el exmagistrado habría recibido 200 millones de pesos como anticipo de los $600 millones que se cuadraron para frenar las órdenes de captura contra Besaile y Ashton en los procesos por parapolítica.

Moreno lo sabe porque él mismo le entregó personalmente en su apartamento en el barrio Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá. La repartición se hizo en compañía del abogado Vadith Orlando Gómez Reyes.

Con este dinero, Bustos se habría comprado un reloj avaluado en 42 millones de pesos. Las pruebas reseñan que esta lujosa compra la hizo el 19 de diciembre de 2012 en la joyería Cartier en el Centro Comercial Andino. La compra –según narró el vendedor– la hizo en efectivo y la factura quedó a nombre de Ricardo Beltrán Rivera.

Para la Corte Suprema, existen pruebas suficientes para vincular a Bustos con este escándalo de corrupción. “(....) se concertó con funcionarios y particulares para abordar aforados investigados por la Corte Suprema y ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de cuantiosas sumas de dinero”.

Los acercamientos los hizo utilizando al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera quien era el encargado de hacer los ofrecimientos de dinero y fijar la forma en cómo se debían realizar la entrega de los adelantos.

“Así se hizo en los casos de los senadores Besaile Fayas y Ashton Giraldo, en especial en este último, en el que Moreno Rivera lo abordó y le exigió un pago inicial de $600.000.000, de los cuales entregó $200.000.000 a Bustos Martínez, por orden del también exmagistrado Francisco Ricaurte”, precisa la decisión. Pese a que no fue ponente en los procesos si infirió en los magistrados que tenían conocimiento de los mismos.

Por estos hechos de corrupción ya fueron condenados los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández. El primero fue sentenciado a 19 años de prisión por mover sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos contra aforados constitucionales, todo a cambio de una comisión.

Mientras tanto, Gustavo Malo Fernández fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados, principalmente el caso del entonces senador del partido de La U, Musa Besaile Fayad.

La declaración de Moreno también ha sido tenida en cuenta para emitir medidas de aseguramiento contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes habrían pagado millonarias comisiones para que se cancelaran las órdenes de captura que se iban a emitir en su contra por casos de parapolítica.

Mientras tanto, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino Gallego se encuentra actualmente enfrentando un juicio por los delitos de concusión (petición de sobornos) y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.