En el día de la Lucha Contra la Corrupción, el fiscal Francisco Barbosa aprovechó un evento de la Corte Suprema de Justicia para advertir que son 33 las personas, entre contratistas y funcionarios públicos, judicializados, por su presunta vinculación con la red criminal que lideró el senador Mario Castaño. Cuatro alcaldes aceptaron cargos.
El fiscal Barbosa aseguró que esta investigación, por los hechos de corrupción que enredan al senador Mario Castaño, completó tres fases en la Fiscalía, y en la más reciente fueron judicializadas 21 personas por irregularidades en contratos que terminaron beneficiando el bolsillo del congresista, también capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.
“Al parecer y direccionado la contratación en unos espirales específicos y en tres fases que lleva este proceso se han capturado, judicializado y obtenido medidas de aseguramiento contra 33 personas de esta red. Se indagaron 114 contratos que alcanzaron un monto de 112.000 millones de pesos”, dijo el fiscal.
En los últimos operativos de captura en contra de funcionarios y contratistas enredados en los hechos de corrupción, al menos siete son alcaldes de municipios en departamentos como Caldas, Valle, Cauca y Risaralda. Fueron detenidos por su presunta vinculación en el entramado criminal para quedarse con los recursos públicos.
Sobre esta tercera fase de la investigación, el fiscal Francisco Barbosa advirtió que cinco de las personas judicializadas, aceptaron cargos, entre ellos mandatarios municipales que fueron capturados en los operativos y que en criterio del fiscal “reconocieron su actitud de delincuentes”.
“Esta semana en la tercera fase judicial estamos con 21 personas que presuntamente hacían parte de esta red. Siete son actuales alcaldes municipales, cuatro funcionarios públicos, diez contratistas y logramos que 13 de esos 21 sujetos, entre ellos cinco alcaldes aceptarán cargos”, explicó el fiscal.
Se trata de los alcaldes de Piendamó, Víctor Hugo Franco y de Suárez, Ronald Villegas, en el departamento de Cauca. También el alcalde de la Merced, Jhonattan Vásquez y Villamaría, Andrés Aristizábal, en Caldas y finalmente la alcaldesa de Alcalá, en el Valle, Gloria Raigoz.
“Este grupo de personas destinaba los recursos públicos y alcanzaban entre 1.000 y 4.000 millones de pesos para hacer obras civiles como pavimentar calles, alcantarillados, parque recreodeportivo, proyectos para estabilizar taludes, pero que terminaba en graves irregularidades”, dijo el fiscal Barbosa.
Los procesos de judicialización de las personas capturadas en esta tercera fase de la investigación continúan ante jueces de control de garantías, donde los fiscales contra la corrupción imputaron cargos por delitos como contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.