Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cuatro jóvenes en el municipio de Timbiquí, en la Costa Pacífica del departamento del Cauca.
Según los reportes preliminares, los cuerpos sin vida corresponden a jóvenes aproximadamente entre los 16 y 27 años. Estos aún no han sido identificados. Las víctimas estaban en una zona de esteros con influencia del mar Pacífico.
Esta es la segunda masacre en el departamento del Cauca y la número 13 en el país en lo que va del 2022, según indicó el Instituto de Estudios para la Paz de Colombia (Indepaz).
Se espera que las autoridades de la zona realicen un consejo de seguridad para esclarecer lo sucedido y así tomar las medidas necesarias para que se eviten más situaciones lamentables como esta.
En ese departamento opera el ELN, la columna móvil Jaime Martínez y movilidad 30, estas últimas bandas de carácter local. Sin embargo, hasta el momento ninguno de estos grupos se ha atribuido los hechos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 033/20 para los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí (Cauca), en la cual se señalan las brechas de presencia institucional, aunadas a la expansión y fortalecimiento de los actores armados ilegales con intereses de control sobre la Costa Pacífica caucana.
Además, sumado a esta barbarie, Indepaz ha denunciado que en los últimos cuatro días (entre el 24 y 18 de enero) han sido incendiados cinco centros sagrados de los indígenas Wiwa y Kankuamo de Sierra Nevada, con la intención de silenciar a los indígenas ante denuncias sociales y contra la minería ilegal.
“Queman centros sagrados de la Sierra Nevada para silenciar a indígenas, en oposición a la minería ilegal en un lapso de cuatro días, un atentado sistemático para acallar diferentes denuncias ambientales”, denunció la ONG.
Cabe mencionar que en los últimos meses, los indígenas han denunciado amenazas contra sus líderes y la aparición de panfletos atribuidos a los grupos paramilitares Águilas Negras y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El regreso de la violencia en época electoral
El gobierno del presidente Iván Duque ha sido crítico del acuerdo que firmó en 2016 su antecesor, Juan Manuel Santos, con la que era la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en partido de izquierda.
Los exguerrilleros le reclaman al gobierno incumplimientos a lo acordado hace cinco años. Algunos renunciaron a la justicia de paz y retomaron las armas.
En vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar entre marzo y mayo, Naciones Unidas hizo un llamado para “garantizar una participación segura, pacífica e inclusiva”.
“Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de las Farc-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales”, señaló la organización en un comunicado.
La Corte también ordenó a la Unidad Nacional de Protección, encargada de los esquemas de seguridad de las personas amenazadas, que revalúe el riesgo al que se enfrentan los exguerrilleros y tome nuevas medidas para evitar que los maten.
Los exguerrilleros comparecen ante la justicia de paz, mientras son blanco de la peor arremetida de grupos que se marginaron del histórico acuerdo y otras organizaciones financiadas por el narcotráfico, que según las autoridades son los principales responsables de los crímenes contra las antiguas Farc.
Colombia vive un rebrote de la violencia en las regiones apartadas del país. Defensores de derechos humanos, indígenas y negros también son víctimas frecuentes de esta nueva espiral de violencia.