Uno de los abogados, defensor de derechos de las víctimas de la masacre de los tres jóvenes en zona rural del municipio de Chochó, en el departamento de Sucre, a manos de integrantes de la Policía Nacional, denunció que este lunes 28 de agosto 10 de los involucrados, que estaban en un centro carcelario sorteando el proceso, serán dejados en libertad.
Al parecer, la situación obedecería a un presunto vencimiento de términos, pues a los uniformados capturados no se les ha realizado audiencias de juicio por falta de internet en la cárcel Picota, donde estarían recluidos.
“Se superaron los 240 días que ordena la norma procedimental Penal en su artículo 317, numeral quinto, que manifiesta cuando ya entra el corrido 120 días contados a partir de la audiencia de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio, situación que duplica término en este escenario para los policías con los 240 días superados”, dijo el abogado Anibal Garay.
La situación, de acuerdo con lo dicho por el profesional en derecho, se dio luego de que cuando se intentará realizar la audiencia en varias ocasiones, en el centro penitenciario no se contara con servicio a internet para que los señalados pudieran hacer presencia de manera virtual.
“Nunca había internet en la Picota, siempre se caía el internet, ese fue la situación o el medio del asunto que logró la libertad, porque el sistema está colapsado desde la pandemia y existe las audiencias virtuales, las cuales son más efectivas que las presenciales, pero aquí también las virtuales están fallando porque casi nunca hay internet o se cae el internet”, anotó.
Lo más grave de esta situación es que el abogado denunció que los uniformados saldrían de la cárcel para retomar sus labores habituales dentro de la institución, “los van a uniformar nuevamente para salir a la calle”.
Hechos en los que murieron los jóvenes en Chochó
En los hechos estuvo involucrado el coronel (r) Benjamín Núñez Jaramillo, quien ya se encuentra en una cárcel y pagará una condena de 29 años de prisión por su participación y responsabilidad en los hechos.
Las víctimas de esta masacre fueron Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, en ese momento señalados de ser parte del Clan del Golfo, y retenidos en la tarde del 25 de julio de 2002 en zona rural del municipio de Chochó (Sucre). Fueron montados a la fuerza en una patrulla de la Policía y allí golpeados en repetidas oportunidades hasta causarles heridas mortales.
Así lo determinó la jueza cuarta de conocimiento de Sincelejo que avaló el preacuerdo que firmó el oficial con la Fiscalía General, por medio del cual aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad.
Igualmente, se comprometió a entregar información a las autoridades y a los otros entes de control en las investigaciones penales y disciplinarias que se adelanten sobre estos hechos.
En el análisis del preacuerdo presentado por la Fiscalía General se advirtió que la negociación realizada se ajusta a la ley, rechazando así las peticiones presentadas por la Procuraduría General y los abogados de las víctimas. “No se vislumbra ninguna anomalía”. El coronel Núñez tendrá que pagar una multa de cien salarios mínimos legales vigentes (unos cien millones de pesos) y la inhabilidad de 29 años para ejercer funciones públicas.
“Existe evidencia [de] que ha colaborado con la justicia [...], aun en detrimento de su situación jurídica [...]. Informó a la Fiscalía de ciertas circunstancias que le produjeron que el 26 de octubre de 2022 la Fiscalía le adicionara a la imputación el delito de falsedad en documento público. Así mismo, sumó un supuesto fáctico que configuraba el ocultamiento de elementos materiales probatorios”, precisó la jueza.