El presidente de la República, Gustavo Petro, y la oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmaron la masacre de los cuatro menores de edad por parte de la disidencias de las FARC ‘Carolina Ramírez’ en Putumayo.
Hace algunas horas, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (OPIAC) hizo la denuncia sobre el asesinato de los menores de edad. “El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”, afirmó el presidente al informar que convocó a una reunión de seguridad extraordinaria para tomar cartas en el asunto frente al hecho.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado expresó sus condolencias a los familiares y allegados: “Nuestra solidaridad con las familias y comunidades de Luis Alberto Matías Capera, filial de la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo, quien junto a 3 jóvenes también del pueblo Murui, menores de edad, que se encontraban retenidos fueron asesinados en el departamento”.
Adicionalmente, rechazó la conducta criminal ejecutada por el Frente ‘Carolina Ramírez’ del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, indicando que desconocen las pautas del Derecho Internacional Humanitario y calificando la masacre como un atentado a la paz.
“El reclutamiento de menores es un crimen de guerra que afecta a los niños y niñas, también a sus familias y comunidades”, sostuvo la oficina al señalar que el asesinato es un mecanismo de exterminio contra los pueblos originarios, “propiciar el momento humanitario para cimentar la paz es prioritario para abrir la posibilidad de entablar diálogos formales que desemboquen en una paz integral”.
En horas de la mañana, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció la masacre de los cuatro menores de edad indígenas en la región de la Comunidad el Estrecho en la zona que limita al Amazonas con Caquetá.
Por medio de una carta, la organización reveló detalles de lo sucedido, lo cual es una muestra de la violencia que ha venido padeciendo Putumayo.
El hecho en cuestión comenzó el 26 de marzo, cuando Matías decidió escapar de las disidencias de las FARC que lo habían reclutado forzadamente junto a los otros tres jóvenes que hacía parte de la comunidad Mururi. Sin embargo, fueron encontrados y posteriormente asesinados.
“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “el Estrecho”, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, indicó la misiva.
Por la gravedad de la situación, desde la Coordinación de Derechos Humanos de la OPIAC hicieron un llamado al Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección (UNP), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Gobernación del Departamento de Putumayo, a Defensoría del pueblo, y a los órganos multilaterales como MAPPOEA y ONU para proteger a las comunidades, evitar el reclutamiento de niños y capturar a los responsables de la masacre.
“Solicitamos que acompañen este caso y en el marco de sus funciones realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación” solicitó con urgencia la organización, al indicar que el caso debía ser tomado con un enfoque étnico diferencial que permitiera contrarrestar y prevenir los hechos violatorios de derechos humanos. Además, le indicaron a los grupos subversivos respetar la vida e integridad de las comunidades indígenas.
La carta señaló que: “No tienen por qué realizar reclutamientos forzados, ni mucho menos atentar contra la vida e integridad de ellos. Solicitamos a las autoridades nacionales, territoriales; Alcaldías y Gobernaciones para que brinden las condiciones de seguridad, garantizándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes condiciones dignas de buen vivir y cese la violencia de los distintos grupos armados ilegales quienes asesinan, desplazan, confinan a los y reclutan forzosamente a nuestros compañeros indígenas”.