En medio de la inspección que adelanta un equipo especial de la Procuraduría a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), en el occidente de Bogotá, llegaron dos investigadores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la oficina jurídica de la entidad para recolectar toda la información que le dé soporte a la indagación que avanza contra el presidente del Senado, Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle.
La visita de los investigadores del alto tribunal arrancó por el quinto piso de la entidad, en donde queda ubicada la oficina jurídica, para recolectar documentos que permitan esclarecer los graves señalamientos que hizo Sneyder Pinilla sobre por lo menos 4 mil millones de pesos del contrato para comprar los carrotanques que se habrían destinado para los bolsillos de Iván Name y Andrés Calle, con el fin de que apoyaran las reformas del gobierno Petro.
Después de 30 minutos en ese lugar, bajaron al segundo piso, donde queda ubicada la Dirección General de la Unidad, hoy a cargo de Carlos Carrillo, para seguir recogiendo información tras las revelaciones de Pinilla en SEMANA y la colaboración con la Fiscalía de la que ya hace parte Olmedo López.
En los últimos minutos, la Corte Suprema de Justicia confirmó que esa inspección hace parte de las decisiones que ha tomado el magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción en la investigación que avanza con la hipótesis de los delitos de cohecho propio y un posible enriquecimiento ilícito por los contratos para los carrotanques de La Guajira.
Además de la inspección a la UNGRD, el magistrado Francisco Farfán también ordenó visitar la Procuraduría y al Congreso para obtener información sobre el caso y las certificaciones de fuero de los congresistas Name y Calle. Así mismo, se iniciaron acercamientos con la fiscal Luz Adriana Camargo para consolidar la investigación.
En esos avances también fueron citados a declarar Carlos Ramón Gonzáles, director la central de inteligencia (DNI); Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Carlos Alberto Carrillo, director de la UNGRD, Y Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones de la presidencia que renunció a su cargo en medio del escándalo.
Ortiz fue señalada por Pinilla de supuestamente ser la “mensajera” para llevarla directamente a Name 3.000 millones de pesos que se le había destinado aparentemente del contrato de los carrotanques, que hoy tienen en la picota pública a gran parte del Gobierno Petro.
Las inspecciones se ordenaron horas después de que la Fiscalía les asignara esquemas de seguridad a Pinilla y a López, los testigos estrellas detrás de este escándalo de corrupción que se estaría presentando desde hace años en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La Fiscalía explicó en su cuenta de X que “dos exfuncionarios de esa entidad, Olmedo López (director) y Sneyder Pinilla (subdirector de manejo), han solicitado a la Fiscalía un principio de oportunidad y protección personal. La entidad ha manifestado a sus defensores la disposición que tiene para evaluar su colaboración y, desde la semana pasada, les ha ofrecido esquemas de seguridad apropiados, pero no se han manifestado al respecto”.
Finalizada la diligencia de colaboración en la Fiscalía, el exdirector de la Unidad, Olmedo López, le pidió perdón al presidente Petro por las irregularidades que se presentaron durante su administración al frente de la entidad.
En un video apareció Olmedo indicando que “primero, quiero pedirle perdón al señor presidente. Todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho, deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el presidente en sus años de lucha en Colombia y no solo él sino todos los que han luchado por la transparencia en Colombia, merecen que el país conozca la verdad”.