No fue para nada del agrado de la Corte Suprema de Justicia la propuesta que busca conformar una Sala Anticorrupción en ese alto tribunal. El proyecto, que sería radicado en el Congreso, busca que por tres años 27 magistrados investiguen este tipo de delitos, siguiendo el ejemplo de los proyectos que se han adelantado en Guatemala, y en el cual participó activamente el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.
El alto tribunal advirtió que se opone a “cualquier tentativa” de modificar las instituciones y que “ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años han defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados”, en una referencia directa al holocausto del Palacio de Justicia, registrado entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
La comunicación es clara e histórica porque se trata de una de las posiciones más firmes que ha tenido el alto tribunal en un tema tan complejo.
“A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños. Cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”, señala el comunicado.
Después de conocerse la propuesta que será radicada ante el Congreso por la Fundación Paz y Reconciliación –liderada por León Valencia– y el Instituto Anticorrupción para conformar una Sala Especial Transitoria en la Corte Suprema de Justicia que investigue exclusivamente estos casos, el alto tribunal –que sería el principal afectado– aseguró que durante años se han emitido sentencias que castigan este tipo de conductas.
“En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales, y delincuenciales unitarias que han defraudado los bienes públicos”. Es decir, la Sala sería improcedente y realizaría acciones que se vienen haciendo desde hace muchísimos años.
“A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido la responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños”.
Este rechazo se suma al ya manifestado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El organismo judicial advirtió, en un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, que se deben respetar las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.
“El respeto a las instituciones garantiza la realización de la justicia en el Estado Social de Derecho. Destacamos la decisión del Gobierno nacional de no apoyar iniciativas que desconocen la independencia y solidez de la Rama Judicial”, señaló la Comisión.
“Es una puñalada a la justicia”
Este jueves, tras una reunión con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general Francisco Barbosa manifestó su rechazo a la propuesta, asegurando que no tiene una justificación válida y lo único que hace es irrespetar el trabajo de las autoridades judiciales en Colombia.
Barbosa calificó como “acciones malintencionadas” este tipo de propuestas que lo único que buscan es “convertirnos en países centroamericanos” en los que han tenido esas comisiones anticorrupción y “extranjeros manipulan los expedientes” y dan su opinión sobre hechos que no les competen: “A decirnos que no hemos podido conseguir la justicia en Colombia decentemente en los últimos 200 años. Colombia es un país que se respeta y al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia también se respeta”.
Frente a las menciones que han hecho en los últimos días delegados del gobierno de Gustavo Petro, el fiscal general fue claro en mencionar que está notando que hay muchos que quieren usurpar las funciones del presidente y eso es algo que no se puede permitir porque se presentan malos entendidos.
El fiscal general recalcó que en uno de los encuentros que sostuvo con Petro, este le manifestó que la propuesta de crear esta Sala no era una opción. “Entonces yo no sé por qué aparecen unos funcionarios que se sienten presidentes de la República. Aquí no puede haber más funcionarios que estén usurpando las funciones o quieran usurpar las funciones del presidente. Es que mire, miren lo que generan este tipo de ideas. Estas ideas son rechazables y deleznables, no es posible aceptarlas. Vuelvo y repito, todas las discusiones democráticas con la justicia son puñaladas traperas”.
“Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto”. Recordó que gracias a las labores investigativas de la Fiscalía General en los últimos tres años se han emitido 2.800 sentencias condenatorias en Colombia por actos de corrupción. “Tenemos más de 54 exgobernadores procesados por corrupción, ocho gobernadores actuales procesados por corrupción, funcionarios de todo nivel, para que aparezcan ahora genios y marcianos a venir y decir que hay que acabar la justicia colombiana en Colombia”.