La gran apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la ‘paz total’, en ese punto está jugado y por eso, pese a la lluvia de críticas, decidió decretar el cese al fuego, con organizaciones criminales. Para muchos un tiro al aire, que no se está cumpliendo. Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo, que en un monitoreó de acciones armadas cometidas en los primeros 20 días del año, estableció que se han presentado seis acciones armadas, de las cuales en cinco participaron los grupos que supuestamente acordaron silenciar los fusiles.
“Cinco de esas acciones fueron realizadas por los grupos armados ilegales que se acogieron a la propuesta del Gobierno”, reveló, con contundencia, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Según Camargo, todos los hechos ocurrieron en el suroccidente del país y, presuntamente, habrían involucrado a grupos disidentes de las antiguas Farc que no se acogieron al acuerdo de paz, sino que se mantuvieron en armas y están adscritas al Comando Coordinador de Occidente, macroestructura que se presume parte del denominado Estado Mayor Central.
En el monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo se pudo establecer que los casos tuvieron lugar en la zona costera del Valle del Cauca, y en el norte y el sur del Cauca.
“Vale destacar que las zonas de ocurrencia de estos eventos cuentan con Alertas Tempranas activas y en proceso de seguimiento. En varias de ellas se ha advertido la ocurrencia de acciones bélicas que, al desarrollarse cerca de los lugares que habita la población civil, pueden implicar efectos indiscriminados sobre sus vidas o bienes”, sostuvo Camargo.
Las acciones
El 3 de enero se registró un hostigamiento contra la estación de Policía de Suárez, en el norte del Cauca, donde opera el Comando Coordinador de Occidente, del Frente Jaime Martínez.
El 4 de enero, integrantes de la Armada Nacional, en el marco de sus labores de patrullaje, habrían realizado disparos de advertencia contra grupos armados ilegales en la comunidad de Primavera, en zona rural de Buenaventura. En ese sector opera el Frente Jaime Martínez, del comando coordinador de Occidente y el ELN.
El 9 de enero se presentó un hostigamiento contra la estación de Policía de Corinto, en el departamento del Cauca. Allí opera el Comando Coordinador de Occidente, Columna Móvil Dagoberto Ramos.
Aunque los dos hostigamientos no generaron afectaciones directas contra la población civil, sí constituyen un riesgo para la ciudadanía por estar ubicados en zonas urbanas.
En estos casos, la Defensoría del Pueblo ha insistido en sus documentos de advertencia en la importancia de observar, además del principio de distinción, la precaución y proporcionalidad en la conducción de las hostilidades para evitar al máximo posible afectaciones a civiles y a sus bienes.
El 9 de enero se detectó un artefacto explosivo en el corregimiento La Toma, vereda Yolombó, del municipio de Suárez, Cauca, en la ruta que tenía prevista transitar el esquema de seguridad de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Aunque el hecho no ha sido adjudicado a ningún grupo armado, en la zona tiene presencia el frente Jaime Martínez.
El 11 de enero, en el municipio Patía, Cauca, habría sido retenido el sargento segundo del Ejército Juan Gabriel Chicanoi, quien para el momento de los hechos estaba de permiso, fue bajado de un bus y secuestrado por varios días.
El 15 de enero se reportó la retención de tres soldados profesionales que se encontraban viajando en transporte público sobre la ruta alterna al derrumbe en la Panamericana-Rosas en el sector conocido como El Hoyo, municipio de Patía.
Hay que recordar que el 18 de enero, el Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente de las Farc, entregó a estos cuatro militares a una comisión humanitaria y su liberación se dio, en buena medida, gracias a la intermediación de la Defensoría.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, les recordó a los grupos armados que “un compromiso con la ‘paz total’ requiere de un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos”.
Al Gobierno nacional, por su parte, le reiteró la necesidad de que expida los protocolos donde se establezcan todos los detalles relacionados con el proceso de monitoreo y verificación.
“La Defensoría seguirá en su labor para advertir y prevenir la ocurrencia de hechos que afecten los derechos humanos de la población civil, no solo con los grupos armados ilegales que se unen al cese al fuego, sino con todos los que puedan amenazar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad y el Derecho Internacional Humanitario, DIH”, puntualizó Carlos Camargo.
Hechos violentos por fuera del cese
Aunque no son acciones relacionadas con el cese al fuego, la Defensoría del Pueblo destacó la ocurrencia de algunos hechos que vulneran los derechos de las comunidades:
El 9 de enero en zona rural de Puerto Rondón (Arauca) se presentaron enfrentamientos armados entre el ELN (grupo que no forma parte de los decretos del cese) y facciones disidentes del Comando Conjunto de Oriente de las Farc (perteneciente al Estado Mayor Central). Allí fueron encontrados nueve cuerpos identificados como guerrilleros y otros dos sin identificar, así como el confinamiento de la población de algunas veredas.
En Cauca, de otra parte, se informó sobre el hurto de un vehículo de la Alcaldía de Caloto y el secuestro del conductor, quien luego fue dejado en libertad. Así mismo, en Puerto Trujillo, zona rural de Puerto Gaitán (Meta), presuntos miembros de la Facción Disidente Frente 36 (estructura que se estima pertenece al denominado Estado Mayor Central) secuestraron a un trabajador de una empresa de energía cuando se desplazaba en una camioneta de dicha compañía junto con el conductor de la misma.
Así mismo, en Balboa (Cauca) y en Policarpa (Nariño), se monitorearon dos eventos en los que miembros de facciones disidentes del Comando Coordinador de Occidente hicieron demostración abierta de su presencia y capacidad de control social.
En Meta se presentaron dos casos de entrega de panfletos con amenazas de acciones violentas bajo la mal llamada figura de ‘limpieza social’ de personas estigmatizadas y tachadas como ‘indeseables’, en San Martín, por el Frente del Bajo y Alto Ariari de las AGC. Así como la convocatoria realizada por el Frente Jorge Suárez Briceño de las Facciones Disidentes de Farc, dirigida a miembros de juntas de acción comunal para que acudieran a la reunión citada en la vereda Loma Linda del municipio de Vista Hermosa.
La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar, con especial ahínco en esta coyuntura, las recomendaciones de nuestras alertas tempranas y demás acciones de prevención de violaciones a los DD. HH.
De la misma forma, confía en que las iniciativas de paz se vean potenciadas con todos los esfuerzos posibles de prevención y protección a favor de las comunidades que habitan las zonas donde los grupos armados tienen algún tipo de presencia o influencia.