La ministra de las TIC, Karen Abudinen, confirmó este viernes que se decretó el embargo por más de 70.000 millones de pesos de las cuentas bancarias, los inmuebles y los vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes, responsables de la billonaria licitación que buscaba dotar de internet a más de 7.000 colegios en el país.
“El viernes 13 de agosto declaramos la caducidad al contratista UT Centros Poblados que debía conectar 7.000 colegios. Hoy, procediendo con las facultades de la ley, decretamos embargo por más de $ 70 mil millones sobre cuentas bancarias, inmuebles y vehículos a la UT e integrantes”, anunció la ministra a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Cabe recordar que la licitación quedó en entredicho luego de que se conocieran retrasos en la ejecución del contrato y la posible pérdida de los recursos que adelantó el Gobierno para que los contratistas iniciaran la instalación de estos puntos de telecomunicaciones.
La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %); ICM Ingenieros (35 %); Intec de la Costa (15 %), y Omega Buildings Constructora (15 %).
El miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal alrededor del contrato.
El contralor Carlos Felipe Córdoba reveló que dentro de este proceso, y con el fin de resguardar el patrimonio público, se buscaría embargar las cuentas de las empresas que conforman la Unión Temporal.
“Hay unas medidas cautelares para poder, de una u otra manera, resguardar el recurso público que tanto se necesita y los embargos correspondientes para resguardar, no solo los $ 70.000 millones, la norma nos deja resguardar hasta $ 140.000 millones, lo cual ya se está desarrollando”, precisó el jefe del ente de control.
Vale anotar que, en estos momentos, la CGR investiga el manejo del anticipo y la ejecución del contrato que estaba en manos de la unión temporal y que fue caducado por el Gobierno la semana pasada. Al tiempo, se investigará a las personas que tuvieron a su cargo la interventoría del proceso, pues eran estos quienes tenían que velar por el control y seguimiento de dicho contrato.
“Lo que estamos verificando, y yo les pido a ustedes que entiendan la reserva del caso, es que tenemos que verificar las cuentas, los datos, que es lo que se tiene dentro del proceso. El país puede estar tranquilo pues la Contraloría General de la República viene trabajando rápidamente, no solo en la recuperación, sino en resguardar el recurso por ese monto”,dijo Córdoba.
Entre las personas que fueron vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal, según señala la Contraloría, aparecen: Adriana Meza, representante legal delegada del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones FunTic; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Jiménez, supervisor del contrato.
También, la Contraloría investigará a los representantes legales de la Unión Temporal Centros Poblados: Carlos Enrique Paramo, Jeremías Olmedo Cabrera, Hugo Armando Canabal y Juan Sebastián Vergara. Por el lado de la interventoría, se vincularon nombres como: Paola Izquierdo, Francisco Javier Barrena y José María Hougton.