Fue bastante complicada la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en contra de los dos indígenas capturados por los hechos violentos en la pasada jornada de protesta en Bogotá.

La Fiscalía culminó las diligencias con un hecho particular: retiró la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los capturados; en otras palabras, abrió la puerta para dejarlos en libertad.

Se trata de un hecho bastante particular que sea la misma Fiscalía la encargada de retirar la solicitud de medida de aseguramiento con la que esperaba llevar a la cárcel a los procesados. En esta oportunidad, la fiscal del caso aseguró que no existen los elementos legales suficientes para insistir ante el juez de Control de Garantías en una privación de la libertad de las personas capturadas.

Dijo la Fiscalía que los ciudadanos no representan un peligro para la víctima, el uniformado que resultó lesionado supuestamente por los dos indígenas. Además, que tienen arraigo, se conoce el sitio donde viven y existe un registro ante la Alcaldía Mayor de Bogotá. Finalmente, que no tendrían la necesidad de huir de la justicia, pues están unidos a su comunidad.

“Infiere la Fiscalía que los ciudadanos imputados pueden esperar en libertad las demás etapas procesales que se avecinan en este caso, puede ser a través de las organizaciones a las que pertenecen y de la confirmación del albergue La Rioja; allí se encuentran y pueden ser localizados y que si no fuera así a través de su defensora de confianza se pueden hacer las citaciones para esas demás etapas que se avecinan”, dijo la Fiscalía.

Luego de ponderar el contexto en el que se encontraba y la necesidad de la medida de aseguramiento, la fiscal del caso le pidió al juez tomar las determinaciones a partir del retiro de la solicitud que en un comienzo radicó para enviar a los dos indígenas a la cárcel. Aparentemente, la delegada del ente acusador revisó la situación y entendió que la medida de aseguramiento, en este caso, no era necesaria.

“Son las motivaciones en este momento de la Fiscalía para retirar esa última solicitud y en su lugar solicitarle que disponga lo pertinente para restablecer el derecho fundamental a los ciudadanos imputados”, explicó la fiscal a cargo del proceso.

La petición de la fiscal del caso fue acompañada por la Procuraduría tras advertir que si la dueña de la acción penal, que en este caso es la Fiscalía, no considera necesaria la medida de aseguramiento, mal haría el Ministerio Público con impulsar algo diferente. Acto seguido, el juez de Control de Garantías ordenó la libertad inmediata de los dos indígenas, haciendo varias advertencias frente a la vinculación que aún mantienen en este proceso.

“La determinación de la Fiscalía de no solicitar la medida aseguramiento es correcta, ponderada y se dirige única y exclusivamente a ese expediente que trasladó el ente acusador de forma digital. Son circunstancias que no se pueden esconder o dejar de considerar y que en últimas corresponden con los estándares internacionales para la restricción del derecho a la libertad”, advirtió el juez.

Aun sin la medida de aseguramiento, los dos indígenas quedaron vinculados al proceso a través de la imputación de cargos y deberán atender las solicitudes que haga la Fiscalía y la propia justicia en el marco de este proceso por los delitos y las conductas que le fueron endilgadas. Lo podrán hacer a través de su defensa asumida por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.