Tras avalar el preacuerdo por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales agravadas, un juez de conocimiento de Santa Marta condenó al empresario samario Enrique Rafael Vives Caballero a una pena de siete años y seis meses de prisión domiciliaria. En la negociación, se modificó uno de los delitos y se estableció una indemnización para los familiares de los seis jóvenes que murieron tras ser arrollados por Vives en la madrugada del 13 de septiembre en el sector de Gaira, sur de la capital del Magdalena.
El empresario, quien se encuentra con detención domiciliaria desde el 19 de noviembre de 2021, se había declarado inocente de los hechos. Sin embargo, pocos meses después, por medio de su abogado, empezó a buscar una negociación con la Fiscalía General para recibir beneficios jurídicos a cambio de su reconocimiento en los hechos materia de investigación.
En el preacuerdo, firmado a mediados de mayo, el delegado de la Fiscalía General puso de presente la actitud de colaboración con la justicia de Enrique Vives, la plena aceptación de su responsabilidad en los lamentables hechos y el pago de la indemnización económica. Tras su presentación, ni la Procuraduría ni la representación de las víctimas interpusieron reparos a la negociación.
“Por estas razones solicito al juez impartir legalidad a la negociación con Enrique Vives en presencia de las víctimas, aclarando que no se afectaron derechos y explicando que no se le regala nada a Enrique Vives, sino se trata de la humanización de la pena, la colaboración de Enrique Vives con la justicia para reducir y acelerar la justicia”, dijo el fiscal Mario Burgos al precisar los alcances de la negociación.
En la misma diligencia, la Fiscalía explicó que el acuerdo no solo contempla una reducción de la pena, sino una multa por los daños causados, una indemnización a las víctimas y un acto de perdón privado, y un compromiso de que Enrique Vives jamás volverá a conducir bajo los efectos del alcohol.
“La Fiscalía y la defensa toman como punto de negociación los escenarios punitivos, como un derecho, como lo explica la norma (…) tiene derecho a la sustitución en el lugar que manifieste al momento de aprobarse el acuerdo. Las víctimas han manifestado estar de acuerdo con la negociación de la Fiscalía con el señor Enrique Vives”, señaló el fiscal del caso.
El acuerdo fue presentado ante un juez en la ciudad de Santa Marta, donde justamente se adelanta este proceso. En un reportaje publicado en mayo pasado, SEMANA reveló las fallas que se presentaron al inicio de la investigación contra Vives por la muerte de los seis jóvenes.
Entre estos se encontraban los “errores” en los actos urgentes por cuenta de la Policía de Tránsito, como omitir la prueba clínico-forense de alcoholemia, fundamental para el juicio contra Enrique Vives. Tras su captura, los agentes no llevaron a Vives al Instituto de Medicina Legal para practicarle una prueba clínicoforense o de alcoholemia, fundamental, de acuerdo con los expertos, como evidencia en un proceso penal.
El próximo 8 de agosto, el juez de conocimiento leerá todo el fallo definitivo en contra de Vives Caballero.