El coronel Benjamín Núñez fue enviado a la cárcel. Así lo determinó el juez segundo de Control de Garantías de Sincelejo, que consideró que el comandante operativo de la Policía de Sucre representa un peligro para la sociedad y, estando en libertad, puede afectar el desarrollo de la investigación por los hechos que rodearon la retención, actos de tortura y posterior asesinato de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, quienes fueron señalados de ser parte del Clan del Golfo.
Sin embargo, teniendo en cuenta el riesgo que podría sufrir su vida, el funcionario judicial ordenó que el oficial de la Policía sea trasladado a un centro de reclusión especial para servidores públicos que esté a cargo del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). “La medida que definitivamente garantiza todos los bienes constitucionales es la detención en centro de reclusión carcelario, y así se dispondrá para el coronel Benjamín Núñez”.
“En todo caso, y por considerarse que se trata de un funcionario público que en ejercicio de sus labores pudo generar rencillas en personas que estén al margen de la ley, se dispondrá su reclusión a un centro especial que esté dispuesto para funcionarios públicos. Conviene recordar que la justicia actúa de manera parca y que las rencillas no son partes de sus fines”, aclaró el juez al considerar que se deben tomar las medidas para proteger los derechos constitucionales del coronel.
En la definición de la solicitud de la medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General, el juez determinó que el coronel representa un peligro para la sociedad y puede obstruir a la administración de justicia mediante la fuga, presión a testigos y ocultamiento de pruebas. Para llegar a esta conclusión tuvo en cuenta la declaración de un grupo de policías que aseguró que no podía declarar puesto que “ese era su coronel”, es decir, existía un miedo a la jerarquía.
El juez tuvo en cuenta además el hecho que el coronel salió del país cuando estalló el escándalo y poco o nada se supo de su paradero durante un mes. La Fiscalía General reveló que salió solo rumbo a Panamá y posteriormente viajó a México. Pese a que manifestó que esto era para proteger a su familia de las amenazas, lo cierto es que valía con haber salido del departamento y pedirles la protección a las autoridades correspondientes.
En el análisis del caso, el funcionario judicial concluyó que el oficial de la Policía Nacional tuvo contacto directo con los tres jóvenes, quienes fueron montados a la fuerza de una patrulla tras ser sometidos a torturas y atacados con armas de fuego. Los tres jóvenes llegaron sin vida a la estación de Policía de Sincelejo.
Los jóvenes fueron retenidos por la Policía en el punto conocido como La Garita, en el municipio de Chochó, más precisamente en una intersección que comunica tres municipios en el departamento de Sucre, tras acusarlos de ser parte de la banda criminal que había ejecutado un plan pistola en contra de los policías en la región.
“Jóvenes que momentos antes de ser subidos a la camioneta estaban con vida; allí también se encontraban, en dicho platón de la camioneta, el teniente coronel Benjamín Núñez y otro funcionario de la Policía Nacional. Servidores todos ustedes de la Policía que en abuso de sus funciones continuaron privando de la libertad a estos tres jóvenes de manera ilegal y sin justificación alguna, que se insiste estos jóvenes subieron con vida ha dicho rodante”, señaló el fiscal.
Fue el coronel, según la Fiscalía, quien tomó la decisión de montarse en el platón de la camioneta de la Policía, donde llevaban a los jóvenes capturados y fue el oficial quien ordenó tomar una vía alterna de camino, supuestamente, al hospital de Sincelejo y en ese trayecto asesinó a los tres jóvenes.
“Existe la prueba suficiente para demostrar que al coronel Benjamín Núñez se le respetaron todos sus derechos, se le anticipó que podría comunicarse con un abogado, que efectivamente se encontraba a su lado y que además todo lo que dijera podría usar ser usado en su contra, también los derechos que lo cobijan como persona capturada”, dijo la fiscal.
Como si fuera poco y luego de llegar al hospital con las víctimas, sin signos vitales, el coronel repuso la munición que usó, de acuerdo con el fiscal del caso, en los disparos repetidos, a quemarropa y sangre fría, contra los tres jóvenes que sometidos estaban acostados en el platón de la camioneta de la Policía.
Con todo el material probatorio recaudado, el mismo que sirvió para imponer una medida de aseguramiento contra otros 10 uniformados procesados por la masacre en Sucre. Pese a que el coronel se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad, anunció que buscaría un acuerdo con el ente acusador para contar la verdad.