El proyecto Hidroituango, la más ambiciosa obra de infraestructura que se construye en la actualidad en Colombia y de la cual depende en buena medida la matriz energética del país, no puede parar. Así lo tienen claro en EPM, donde ya está listo el denominado Plan Mireya con el que, con mano de obra propia, están listos para continuar los trabajos y tomar control sobre la planta y los equipos de construcción de las empresas sancionadas.

La intención de EPM y de la Alcaldía de Medellín es que ante el fallo de la Contraloría General de la República, en segunda instancia, que ratifica la responsabilidad fiscal de 26 personas, entre naturales y jurídicas, como los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y las empresas que conforman el consorcio que construye actualmente la hidroeléctrica –CCC Ituango– no se vaya a parar el avance de las obras.

Y es que no se trata de una decisión de poca monta. Según el auto emitido por la Contraloría General, hay una confirmación del efecto del daño causado, por lo cual establece las cifras que tendrán que pagarse por “destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados $3,1 billones y lucro cesante $1,1 billones”. Es decir, la cifra total queda en $4,3 billones.

Aunque EPM y los contratistas habían llegado a un acuerdo de continuidad de las obras por ocho meses más, la drástica sanción obligó a tener un Plan B que ya está listo. Por eso, EPM solicitó un encuentro con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el objetivo de tomar control sobre los campamentos y equipos críticos ante la inminente salida de los contratistas.

Para dar este paso, que resultará definitivo para que el proyecto continúe sin eventuales tropiezos que se puedan dar sobre todo en el proceso de toma de equipos y de información delicada y relevante, el jueves 2 de diciembre se sostendrá una encuentro de trabajo entre los funcionarios de EPM y el Gobierno nacional de la UNGRD con el fin de trazar la ruta que permita que el proyecto avance sin contratiempos.

La reunión con la UNGRD es clave para dar un paso adelante con el Plan Mireya y evitar que se retrasen las obras. El motivo es que EPM solicitará declarar el estado de calamidad pública, basado en dos hechos de urgencia manifiesta. El primero es justamente la posible salida de los actuales contratistas por cuenta del fallo de la Contraloría y, el segundo, es la inminencia del invierno que ya está haciendo estragos en el país y podría generar también afectación en Hidroituango y los 16 municipios sobre los que ejerce influencia la megaobra.

Se trata de una decisión que seguramente levantará ampolla, pero no es la primera vez que se toma y en la anterior ocasión tuvo el apoyo de las empresas que construyen Hidroituango. El caso se dio a principios de 2019, cuando estuvo a punto de romperse la represa y generar una tragedia. Este estado fue levantado hasta el 17 de mayo del mismo año, pero con una serie de compromisos. No obstante, SEMANA conoció que desde EPM siguen avanzando en otras alternativas para sacar adelante el proyecto en Hidroituango. Con esto se garantizará que el proyecto se termine sin contratiempos.

El fondo y la necesidad de que la UNGRD dé vía libre a esta solicitud está justamente en la decisión de la Contraloría que señala que “hubo culpa grave; en los hechos ocurridos alrededor del proyecto Hidroituango hay un daño patrimonial contra el Estado, debido a los sobrecostos y la falta de generación de energía, por los tropiezos en los avances del cronograma de terminación de la hidroeléctrica (y también) a la declaratoria de contingencia en 2018″.