El pasado 19 de febrero, la hoy senadora electa Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, visitó la cárcel La Picota para tener una entrevista con el narcotraficante Juan Carlos Cuesta, conocido con el alias de Gordo Rufla, integrante del clan del Golfo y pedido en extradición por Estados Unidos.
Así lo prueba una autorización de ingreso de Córdoba a la cárcel, conocida en exclusiva por SEMANA, dirigida a la estructura número 2 de los comandantes de guardia del centro penitenciario. En el documento queda claro el objetivo de la visita de Córdoba.
Se trata de la primera prueba documental que revela que Córdoba sí sostuvo reuniones con extraditables en La Picota, y no solo visitó a su hermano, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, preso en esa cárcel y pedido en extradición por Estados Unidos.
Alias Gordo Rufla fue capturado en julio de 2021. El director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, lo calificó de ser “un narcotraficante de primer nivel”.
Según la información oficial, este narcotraficante se dedicadaba “al acopio de cocaína para ser traficada a Estados Unidos y en la ubicación de lanchas y medios de transporte marítimo para que esa cocaína fuera transportada” hacia ese país. Así mismo, es considerado una de las personas de mayor confianza de alias Otoniel. Gordo Rufla fue capturado en Montería.
Este miércoles, el país se sorprendió con la decisión de Gustavo Petro de apartar de su campaña presidencial a la senadora electa Piedad Córdoba. Aunque el líder de izquierda le solicitó suspender todas sus actividades dentro de la campaña “hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, SEMANA conoció que el tema no necesariamente son las investigaciones que arrastra la controvertida congresista.
Una fuente del Pacto Histórico le confirmó a este medio que al interior de la campaña de Petro llegó una información de inteligencia americana que apunta a posibles visitas de Piedad Córdoba a algunas cárceles del país donde, al parecer, se reunió con reconocidos sindicados y condenados cuyos nombres no fueron suministrados.
Solo la información de sus acercamientos con reclusos de las penitenciarias alertó a los líderes más cercanos a Petro sobre lo que podría pasar en su campaña si se confirman las supuestas visitas de la senadora. El tema fue considerado sensible y complejo.
Lo que dijo Piedad
Córdoba rompió su silencio horas después de que Gustavo Petro la separara de su campaña presidencial porque ella, al parecer, visitó la cárcel La Picota y se reunió supuestamente con reclusos extraditables, un tema que la candidatura no comparte y que quiso mantener al margen para evitar otro escándalo como el ocurrido recientemente con Juan Fernando Petro, hermano del aspirante por la Casa de Nariño.
A través de un comunicado de prensa, Córdoba dijo que acepta la solicitud de suspensión de sus actividades. “Nada más lejano a mi interés que ser usada como excusa de los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral”.
Afirmó que se mantiene como parte del Pacto Histórico y reiteró su disposición de acudir a la Comisión de Ética del Pacto Histórico a ejercer su derecho a la defensa, tal como lo expresó en una carta que envió el 15 de marzo pasado a las directivas de la coalición progresista.
“Solicito que mi complacencia tenga plena publicidad, siendo abierta al público y a los medios de información que han pretendido por enésima ocasión enlodar mi buen nombre y cercenar mi derecho a hacer política”, dijo.
Córdoba, además, se declaró segura de su inocencia y anunció que su carácter de perseguida política va a ser reconocido nuevamente.
Confesó que sí visitó la cárcel La Picota en Bogotá, pero según ella, tiene una justificación. “Como es de público conocimiento, mi hermano Álvaro se encuentra privado de su libertad con fines de extradición por una acción de entrampamiento orquestada por agentes de la DEA para afectar la campaña electoral del Pacto Histórico, como ha denunciado el mismo Gustavo Petro”, contó.
“En mi calidad de abogada y haciendo uso de mi tarjeta profesional he visitado su sitio de reclusión durante este año, pero ninguna otra penitenciaría. Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y a ser juzgado acorde a las leyes colombianas, por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral, ni para ofrecer promesas incumplibles, máxime si se habla de privados de libertad en cárceles distintas a La Picota. No he negociado nada a nombre del Pacto Histórico ni de Gustavo Petro”, añadió.
La senadora expresó por último que no la han arredrado “el secuestro ni los crímenes de Estado cometidos en su contra, no lo hará ahora la especulación de unas supuestas pruebas recién editadas, que en 14 años no ha podido fabricar mi persecutora la coronel Lombana. Esta palenquera de la política prolongará su batallar”.