Por considerar que cumple con todos los requisitos que exige la ley, la exministra de las TIC, Karen Abudinen fue reconocida como víctima dentro de un nuevo proceso penal que se adelanta por las irregularidades en el proceso del contrato celebrado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros que tuvo un valor de 1.2 billones de pesos.
La defensa de Abudinen había manifestado que en un principio fue “tildada de corrupta” y citada a una moción de censura en el Congreso acusándola de robarse el dinero del anticipo, situaciones que afectaron su honra y buen nombre.
La petición se hizo en la audiencia en la que se conocerá la primera condena por este escándalo de corrupción. Jorge Enrique López Benavides reconoció mediante un preacuerdo su participación en la falsificación en la póliza del Banco Itaú, la cual fue clave en el proceso de licitación para que la Unión Temporal Centros Poblados resultara beneficiada.
López Benavides aceptó su plena responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, por lo que tendrá que pagar una pena de cuatro años de cárcel, y reintegrar 187 millones de pesos. En la actualidad, López Benavides se encuentra privado de su libertad.
Para el juez, los hechos delictivos en los que participó López Benavides en complicidad con otras personas “han afectado de manera intangible, en primer lugar, intereses de la señora Karen Cecilia Abudinen, al haberse vulnerado su buen nombre y al habérsele cuestionado por su labor como funcionaria pública”, precisó el juez.
Estas acusaciones, sostuvo, puso en tela de juicio la honorabilidad de la entonces Ministra. “Lo que no es objeto de debate en la presente investigación es la existencia de una investigación por su presunta acción u omisión es otro el escenario donde se debe ventilar ese actuar”.
En su análisis, el juez manifestó que los daños a la exministra no son tangibles pero “en este momento procesal sí se ha señalado una afectación con el actuar ilícito del procesado”.
El despacho judicial también le otorgó la calidad de víctima a la Contraloría General de la Nación, el Fondo Nacional de las Garantías, el Banco Itaú, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación (MinTIC), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la sociedad financiera Aced Management, BBVA y CES Colombia.
La falsificación de las pólizas
Este miércoles será presentado el preacuerdo firmado entre Jorge Enrique López Benavides y la Fiscalía General. En la negociación, el hombre reconoció que alteró los documentos que fueron presentados en el proceso de licitación por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora.
López Benavides, quien es presentado por la Fiscalía General como un particular, fue contactado directamente por los empresarios interesados en este proceso licitatorio para que ―teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia― falsificara la póliza y así participar en el contrato 1043 de noviembre de 2020, el cual tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
En la licitación, la Unión Temporal presentó, como soporte, pólizas de seguros emitidas por el Banco Itaú con el fin de darle soporte y respuesta a los riesgos del contrato avaluado en un billón de pesos. Sin embargo, poco tiempo después, ante las demoras en la instalación de los centros virtuales, el Banco Itaú le informó al Ministerio de las TIC que “no había expedido ninguna de las pólizas”, situación que motivó a que se convocará una revocatoria del billonario contrato. Para ese entonces, la Unión Temporal ya había recibido 70 mil millones de pesos para la compra de equipos.
Detrás de la elaboración de estas pólizas falsas estaba López Benavides, quien fue contactado por los empresarios Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes sabían de la trayectoria y experiencia que tenía este hombre en la realización fraudulenta de este tipo de documentos.
“Sabía y entendía que con esos documentos inducía en error a las funcionarias públicas encargadas de evaluar el componente jurídico en la propuesta con el fin de obtener la resolución positiva de la licitación, con lo que obtendría una contraprestación económica”, precisó la fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 11 de mayo.
En la imputación de cargos se señaló que los integrantes de esta Unión Temporal sabían que con esta póliza iban a resultar favorecidos con el billonario contrato y emplearon todas las estrategias para falsificarla. Esto debido a que tenían muy presente que no iban a recibir el aval de ningún banco por la falta de experiencia de los empresarios y el monto del contrato base.
“Sabían que ninguna aseguradora, al analizar las capacidades de las empresas y el riesgo del proyecto les expediría esas pólizas. Luis Fernando Duque Torres como representante legal de la Unión Temporal se encargó junto con Juan José Laverde y Emilio José Tapia Aldana de obtener la garantía falsa, firmarla y entregada para que fuera cargada en el sistema con el fin de dar inicio al contrato”, explicó.
De esta manera, se indujo al error a cada uno de los servidores del MinTIC que estaban evaluando el proceso de licitación del billonario contrato. La Fiscalía General sostiene que Jorge Enrique López Benavides fue el encargado de elaborar las garantías de cumplimiento falsas.