El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo pasó a la historia por ser condenado en medio del peor escándalo que se haya conocido en la justicia en Colombia, denominado del Cartel de la Toga, en el que con otros magistrados y de la mano del entonces fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, se pusieron de acuerdo para torcer procesos penales que se llevaban en el alto tribunal a cambio de millonarias cifras de dinero. Pues bien, esa plata fruto de la corrupción fue invertida por el magistrado en una serie de propiedades que hoy son objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Para los investigadores era claro que el exmagistrado Malo estaba tratando de hacer movidas para ocultar los bienes adquiridos con dineros, entre ellos, hacer ventas ficticias para evitar el seguimiento de las autoridades.
Con otra propiedad, un apartamento de Cartagena avaluado en 1.700 millones, la Fiscalía aplicó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo respecto del porcentaje que le perteneció al exmagistrado. En este caso se determinó que Malo Fernández habría realizado una maniobra fraudulenta al enajenar su parte a un familiar para así evitar la persecución de la propiedad, por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Además, señala la Fiscalía, “en la investigación, adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se evidenció que en dicha época Malo Fernández, al parecer, realizó pagos anticipados sobre un inmueble que luego vendió a otra persona, al parecer, para burlar la acción de las autoridades sobre el referido predio”, señala la Fiscalía.
Además de la orden de extinción para estos bienes, el magistrado Malo también era dueño de dos parqueaderos en Bogotá, que tampoco pudo justificar su compra y entraron en el paquete de bienes decomisados por haber sido adquiridos presuntamente con plata obtenida de forma corrupta.
Malo formó parte de una red de corrupta de la que también formaron parte el expresidente de Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, y el también magistrado Leónidas Bustos. Al momento de leer la condena contra Malo, la Sala Especial de Primera Instancia, fue tajante al señalar que “Colombia como sociedad ha de abandonar la cultura de los atajos para alcanzar cada propósito. Desde la base de la sociedad hasta la cúspide de las altas esferas estatales se debe dar punto final a cualquier manifestación de corrupción, evitando a ultranza ejercer mecanismos ajenos a los legalmente establecidos”.
La sentencia, que lo declaró responsable en agosto de este año de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión, y le niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, “determinó que Malo Fernández, siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se unió a un grupo delincuencial, con vocación de permanencia, para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria”.
En esta primera instancia, la Corte concluyó también que “Malo Fernández cometió el delito de prevaricato por omisión, pues con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la cual formaba parte –entre ellos, retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra el exsenador Musa Besaile–, dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales; en concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber”.