Como en los peores días del escándalo del exsenador Mario Castaño, la Fiscalía logró destapar otro entramado de corrupción que enreda a otro congresista. Se trata del senador Ciro Ramírez a quien los fiscales contra la corrupción, en marzo de este año, le compulsaron copias por su presunta responsabilidad en los hechos materia de investigación.
Pero no solo fue la compulsa de copias. La Fiscalía judicializó a Katherine Rivera Bohórquez, quien hasta agosto de 2023 fue integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del señalado senador. También fue presentado ante jueces de control de garantías el señor Anderson González González, contratista que resultó metido en un enredo que, ahora, lo tiene privado de la libertad.
“Como parte de un nuevo frente investigativo contra las redes que direccionan la contratación en los entes nacionales y territoriales, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que harían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales que se realizaron en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022″, explicó la Fiscalía.
El enredo que identificó la Fiscalía y que se convirtió en una investigación formal, arrancó en 2021 cuando entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron un contrato interadministrativo por 48.660 millones de pesos.
“En atención a lo pactado, ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal”, señaló la Fiscalía tras confirmar la captura de la exfuncionaria y el contratista.
El entuerto corrupto estaba calcado. Al parecer y es lo que se investiga, la entonces integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ciro Ramírez, se comunicaba con los funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
“En ese sentido, el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador”, señaló la directora especializada contra la Corrupción Martha Alejandra Parra.
Los 11 contratos comprometidos ascienden en valor a 9.376 millones de pesos, y fueron suscritos en municipios de Tolima, de la siguiente manera:
- Purificación, contrato de obra por 1.639 millones y de consultoría por 114 millones para construir vías con placa huella.
- Mariquita, contrato de obra por 1.981 millones y de consultoría por 139 millones para vías con placa huella.
- Villarrica, contrato de obra por 1.293 millones y de consultoría por 90 millones para vías en placa huella.
- Melgar, contrato de obra por 2.125 millones y de consultoría por 148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía.
- Piedras, contrato de obra por 1.139 millones y de consultoría por 79 millones para la pavimentación de varias calles.
- Contrato denominado ‘Tolima Varios’, que correspondía a una consultoría por 629 millones.
La compulsa de copias se hizo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que, en el marco de sus competencias, indague la posible responsabilidad del congresista que “encabezaría” esta red de corrupción.