El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el secuestro de un funcionario en el municipio de La Vega, departamento del Cauca.
La víctima responde al nombre de John Muñoz Ijai, quien se desempeña como auxiliar del cuerpo de custodia y vigilancia, y se encontraba prestando su servicio en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá.
Según la información reportada por el instituto, una persona que se identificó como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró tener en su poder al auxiliar.
“Desde la Dirección General hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para lograr la pronta liberación de nuestro funcionario”, comunicaron desde el Inpec.
Cabe recordar que el pasado domingo, 17 de diciembre, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN anunciaron un acuerdo en el que hay un compromiso claro de acabar con la práctica del secuestro a partir del 30 de enero de 2024.
En esa fecha se espera una prórroga del cese al fuego bilateral que está vigente desde el 3 de agosto, por lo que el ELN tendrá una prueba de fuego, ya que, al haber firmado ese acuerdo, deberá dejar esa práctica delincuencial y liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder.
Las partes presentaron dicho acuerdo como histórico porque la guerrilla estaría renunciando a su principal fuente de financiación y a una práctica que ha causado dolor durante décadas en el país.
Por esa razón, José Félix Lafaurie, quien integra la delegación del Gobierno, indicó que lo pactado es una consecuencia lógica de los avances de la mesa, porque ya se había acordado el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario y eso excluye el delito del secuestro.
“Cualquier persona que haya, no solamente leído el Protocolo de Ginebra, sino al mismo tiempo la totalidad de los conceptos y la doctrina de Naciones Unidas y que el Consejo de Seguridad han proferido sobre el tema, claramente sabe que cualquier tipo de retención está prohibida. En este caso, lo que hicimos fue dejar de manera explícita que no puede haber secuestro con fines económicos. Y cuando uno precisa eso, automáticamente está dejando por fuera otros tipos de secuestros”, dijo el negociador.
En este sentido, Lafaurie considera que no puede haber más secuestros a partir de la fecha y que desde el 30 de enero el ELN deberá ir dejando en libertad a quienes secuestraron. “Ahora queda explícito [que] a partir del 30 de enero, que empieza el segundo cese al fuego, deben liberarlos”.
Así mismo, dijo que si la guerrilla no cumple, se podría configurar el delito de perfidia porque el Gobierno nacional firmó dicho acuerdo basándose en la buena fe que existe en la mesa de diálogo.
“El mecanismo que vamos a utilizar es muy sencillo. La información de los secuestrados es oficial y la tiene la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Fuerzas Armadas. Así que simplemente es ponerlas sobre la mesa y que el ELN resuelva todas las dudas y nombre por nombre”.
Como el cuarto punto de lo acordado entre las partes dice que “se crearán las condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México”, Lafaurie aclaró que nada tiene que ver ese asunto con el secuestro y mucho menos con una supuesta financiación del ELN. “En absoluto. La financiación solamente será para temas que tengan que ver con la paz”.