La grave situación de orden público que se presenta en la subregión del Bajo Cauca antioqueño llevó a que, este sábado, la Procuraduría General de la Nación exhortara de manera urgente al ministro del Interior y el ministro de Defensa, la intervención y atención inmediata frente a los actos de vandalismo que se presentan en el municipio de Caucasia y otras áreas, en medio de las protestas por el retorno de los operativos policiales en contra de la minería ilegal.
El Ministerio Público alertó con preocupación que la escalada de violencia y los hechos de vandalismo que se registran en la zona están impidiendo la libre movilización de la comunidad y demás derechos de las poblaciones, por el bloqueo de vías terrestres y fluviales, generando afectaciones a la misión médica y el cierre del comercio en gran parte de la subregión, lo que está llevando al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad.
El ente de control también rechazó los actos violentos a la infraestructura pública y privada, por lo que instó a los jefes de las carteras ministeriales a atender de manera urgente la grave situación de orden público, garantizando la seguridad de los habitantes de la región y de los empleados de la empresa Mineros Aluvial, en riesgo por el ingreso de manifestantes a uno de sus campamentos de operación.
Dos subregiones de Antioquia están paralizadas por la declaración de guerra que hizo el Gobierno nacional contra la minería ilegal. La Gobernación denunció públicamente que la movilización está infiltrada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Lo que empezó como una protesta pacífica, este jueves 2 de marzo se desdibujó. Las comunidades del Bajo Cauca y nordeste sacaron las uñas para rechazar los operativos de la Fuerza Pública para erradicar las actividades irregulares de extracción de yacimientos mineros.
Al parecer, algunos ciudadanos optaron por tomar las vías de hecho para llamar la atención de las autoridades nacionales, motivados por las estructuras delincuenciales que operan en el territorio y se sostienen con la minería, principalmente el Clan del Golfo.
Hasta hace pocos días, hubo cierres en la troncal que comunica a la ciudad de Medellín con los departamentos del Atlántico. Se cree que los camioneros multiplicarán el costo de las operaciones logísticas y los tiquetes del transporte público empezarán a subir.
Lo delicado de la situación es que hay ataques contra la misión médica. SEMANA conoció que el jueves partió una ambulancia desde Caucasia hacia Montería con un paciente. Al regreso, los especialistas no pudieron retornar al hospital porque está retenida en la calle.
Otro carro salió de este mismo municipio hacia la capital de Córdoba. Cuando pasaba por el sector de Campo Alegre, en los límites entre Antioquia y esa región, fue atacado a piedras y palos. Además, hubo amenazas de alto calibre contra los especialistas.
Por otro lado, los comerciantes recibieron intimidaciones para no abrir las puertas de los establecimientos a modo de respaldo al paro de mineros. Estos mensajes llegaron de los grupos armados organizados. Las miradas dirigen hacia los hombres del Clan del Golfo.
Las afectaciones son parciales. A unos tenderos les dieron un horario específico para atender a las comunidades, mientras que otros están sometidos al tiempo en que dure la manifestación, cuya fecha de finalización está condicionada a una serie de acuerdos.
Situación en Cauca
En lo corrido del último mes se han registrado tres ataques contra trabajadores de ingenios azucareros en el departamento del Cauca. El más reciente ocurrió en las últimas horas en una finca ubicada en el municipio de Padilla, cuando sujetos armados dispararon con arma de fuego contra trabajadores del ingenio La Cabaña.
Ocurrió mientras los trabajadores llevaban a cabo sus labores y dejó dos heridos que fueron trasladados a la ciudad de Cali para recibir atención médica.
“Es alarmante el aumento de la inseguridad para los trabajadores del sector agroindustrial de la caña en el norte del Cauca. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades para que tomen acciones rápidas que permitan identificar a los responsables de estos atentados y llevarlos ante la justicia. No se puede permitir que los delincuentes queden protegidos por el manto de la impunidad y se sigan vulnerando los derechos a la vida, al trabajo y a la libre movilidad en el norte del Cauca. También pedimos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos en esta región”, afirmó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.
El pasado 6 de febrero, también en Padilla, un enfrentamiento entre organizaciones indígenas y trabajadores dejó dos colaboradores del Ingenio del Cauca muertos. En ese mismo ataque dos personas resultaron heridas y una más fue secuestrada y liberada posteriormente. Además, fue incinerada una motocicleta.
Menos de dos semanas después, el 16 de febrero, sujetos armados que se movilizaban en motocicleta intimidaron a un trabajador del ingenio La Cabaña, en Santander de Quilichao; le robaron sus pertenencias –incluida su motocicleta– y luego le dispararon, hiriéndolo en el rostro, hombro y pecho.
“No podemos permitir que los actos cometidos por unos pocos frustren los esfuerzos por alcanzar la paz en el territorio. Es hora de ponerle freno a la acción de los violentos que están vulnerando el derecho a la vida, al trabajo y a la propiedad, y están poniendo en riesgo los cerca de 50.000 empleos directos e indirectos que genera la agroindustria de la caña en el norte del Cauca”, aseguró Calero.