Era una cita esperada en el bunker de la Fiscalía General de la Nación. Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, tuvo que ir a declarar por el escándalo en medio del cual narcos puros estarían pagando un millón de dólares a cambio de subirse al bus de la ‘paz total’, y que les sean retiradas las órdenes de captura. En todo este lío su nombre no ha dejado de sonar y por eso se declaró víctima ante la justicia.
Según la defensa de Juan Fernando Petro, es la primera vez que el hermano del presidente Gustavo Petro visita la Fiscalía, y lo hace en una coyuntura bien complicada: los supuestos ofrecimientos a narcotraficantes para incluirlos en el proceso de ‘paz total’.
Según el abogado Juan José Palacios, representante legal de Juan Fernando Petro, la diligencia duró al menos 40 minutos, donde la Fiscalía les aseguró que su cliente y el abogado Pedro Niño serían víctimas en todo este proceso. Que sus nombres fueron usados para hacer los ofrecimientos ilegales a los narcos.
“El más interesado en explicar las denuncias es Juan Fernando, la misma Fiscalía nos ha expresado que se constituyen como víctimas en este proceso, toda vez que han utilizado su nombre”, explicó el abogado Palacios al término de la diligencia de declaración en la Fiscalía.
“Ellos, Juan Fernando y Pedro Niño, son personas que han ido trabajando en derechos humanos, llevan más de 20 años, y por el proceso de paz, y su cercanía con el presidente Gustavo Petro, han querido vincular su nombre para sacar provecho”, advirtió el defensor.
Las denuncia reveladas por SEMANA incluían audios, documentos y conversaciones que dibujaban un escenario turbio con sede en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, donde ocurrieron los supuestos en encuentros y donde se hicieron los ofrecimientos a nombre de la ‘paz total’.
Las denuncias
La abogada Angélica Sánchez, de la Mesa de Diálogo para la Paz Total en La Picota, explicó que, a través de un derecho de petición al Comisionado de Paz, advirtieron que se estarían creando “submesas” que prometen la inclusión en el proceso de ‘paz total’ bajo dos premisas incorrectas: por medio de las víctimas y con solo miembros de las Farc.
Por su parte, Esmeralda Echeverry, Fundación Cárceles al Desnudo, aseguró que las denuncias son reales y afecta de manera directa los procesos que se están desarrollando en procura de la paz.
“Son relatos de los propios internos que estaban buscando incluirse en estos procesos. Algunos personajes con perfil alto (narcos) han hecho algunos pagos a personas que son ajenas al Gobierno, pero que en las conversaciones, indican, son cercanos al proceso de ‘paz total’”, dijo la abogada.
La investigación de la Fiscalía apenas arranca, los primeros en declarar fueron Juan Fernando Petro y Pedro Niño, pero son más los nombres que aparecen en el expediente y los detalles revelados por SEMANA.
El derecho de petición fue radicado el pasado 23 de enero y allí le piden al Comisionado definir los parámetros de participación y conformación de las Mesas de Diálogo con el Gobierno y así evitar que ONG o Fundaciones, creen “submesas” que aprovechan la coyuntura para hacer exigencias de dinero.
“Lo anterior lo requiero porque represento jurídicamente a muchos privados de la libertad de los centros penitenciarios y carcelarios de Picota, Itagüí, el Buen Pastor, Palmira, San Isidro y Cárcel de la ciudad de Pasto que quieren hacer parte de la paz total promulgada por el Dr. Gustavo Petro Urrego y sé que es un tema de prioridad en su agenda, Sr. comisionado para la paz”, señaló la abogada.
¿Por qué la citación?
El nombre de Juan Fernando Petro y el abogado Pedro Niño se escribió en las denuncias que llegaron a la oficina del Alto Comisionado de Paz y que advertían un “negocio” entre abogado y conocidos narcotraficantes para incluirlos en las listas de beneficiarios del proceso de ‘paz total’.
Las alarmas se prendieron por la revelación de SEMANA y de inmediato el fiscal general, Francisco Barbosa, se puso a la tarea de investigar quiénes están detrás del gigantesco conejo a la paz que se estaría fraguando desde las cárceles, aprovechando la propuesta de ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la cual “narcos puros” estarían pagando fortunas a cambio de ser incluidos como “gestores de paz” y lograr, por la puerta de atrás, sin responder por sus delitos, que les sean levantadas las órdenes de captura.
En medio de este naciente escándalo retumba el nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, hacia quien apuntan los reflectores en medio de esas oscuras negociaciones, y cuyo nombre saltó a la palestra pública, cuando, en medio de la campaña presidencial, se conoció de sus visitas a la cárcel La Picota, para hablar con los extraditables, sin nunca dar detalles de los compromisos que asumió.
Justamente por eso, el fiscal Barbosa, tan pronto se conoció esta información, anunció que Juan Fernando Petro, sería citado a declarar todo lo que sabe sobre esta trampa que estarían fraguando algunos narcos. La cita empezó hoy a las 8:00 a. m., en el bunker de la Fiscalía, a donde el hermano del presidente guardó silencio al ingreso.
El jefe del ente investigador dijo, en ese momento, que es necesario aclarar las presiones que se estarían presentando para que personas que no cumplen los requisitos sean nombrados. “Son elementos notarios que vamos de oficio a llamar a las diferentes personas que han venido apareciendo en esas informaciones. El presidente Gustavo Petro fue el primero en decirme que esto se aclare, no quiere que el proyecto de ‘paz total’ termine en enredos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este asunto”.
Lo que ha dicho sobre ese tema Juan Fernando Petro es que hay narcos y abogados que están usando su nombre para negociar, incluso, señala que están cobrando hasta 800 millones de pesos, para tener una cita con él.
“Me quieren utilizar, he aprendido que todo se teje con los intereses políticos y por desgracia la paz tiene esos tintes en los que hay intereses creados; no todos están de acuerdo con el presidente Petro sobre la paz y buscan cómo dañar sus políticas, utilizan ciertas cosas para esa finalidad y yo soy una de las figuras que puede ser utilizada para eso. Han utilizado mi nombre para hacer negociaciones, sé que eso pasa aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo. Cobran para tener una cita conmigo”, dijo en entrevista con SEMANA.
La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Inpec.
El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles por parte de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes.
En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.