Nuevamente fue aplazado el trascendental encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que por segunda vez tuvo que ser cancelado. La primera vez porque el fiscal tenía covid y, en esta ocasión, fue el mandatario quien pospuso la cita que, según confirmó SEMANA, se dará mañana a las seis de la tarde.

La trascendental reunión tiene un espinoso tema de fondo, justamente la decisión del presidente Gustavo Petro de liberar a los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos por cometer graves delitos, siendo precisamente la Fiscalía la entidad que ha presentado las pruebas de estos delitos.

Durante la tarde de hoy, previo a este fallido encuentro, miembros del Gobierno estuvieron reunidos trabajando y diseñado la forma como se planea realizar la liberación de estos detenidos.

Sin embargo, es claro que para el fiscal Francisco Barbosa las dudas respecto del decreto que firmó el Gobierno para convertir integrantes de la primera línea, judicializados por graves delitos, en gestores o voceros de paz, son concretas y dejan en el limbo los alcances del mismo decreto. Esperaba resolver las dudas con el mismo presidente Gustavo Petro, pero la reunión, por segunda vez, se aplazó.

El fiscal esperó al presidente de la República, Gustavo Petro. Las conclusiones de ese encuentro se convierten en el puente entre el Ejecutivo y la rama judicial en este delicado escenario donde todas las partes se distanciaron en criterios e intereses. Barbosa tenía en su mano las dudas y ahora las tuvo que guardar para otro momento.

De acuerdo con fuentes de Presidencia, el aplazamiento de la reunión, por segunda vez, ocurrió por cuenta de la propia agenda del presidente. Gustavo Petro está, según explicaron, en temas de “jóvenes de protesta social”, justamente el motivo del encuentro con el fiscal.

Previamente el fiscal general dejó sentada su posición al respecto y fue enfático en señalar que no hay forma, ley o decreto que permita convertir a condenados por graves delitos en voceros o gestores de paz. Puso como ejemplo el caso de alias 19 cabecilla de la primera línea en Bogotá, procesado y condenado por secuestro, tortura y concierto para delinquir.

“No entiendo bien la figura de gestor de paz que se habla dentro del decreto. Tocaría explicarle al país exactamente. Vocero de quién o de qué y el marco de qué proceso de paz. Creo que es una reglamentación que tiene pendiente el Gobierno nacional. Conversé hoy con el ministro del Interior y el ministro de Justicia para que me explicaran en qué consistía esto. Los dos me explicaron que es la justicia la encargada de dar la salida o no de esas personas”, añadió el fiscal.

Tras leer el decreto y luego de reuniones con los ministros del Interior y de Justicia, el fiscal comprendió, si se cumple a rajatabla el decreto, que la última palabra respecto de la libertad de los incluidos en el listado del Gobierno, está en el escenario de la justicia, en este caso de los jueces que fueron los encargados de librar las órdenes de captura o medidas de aseguramiento.

“Las investigaciones judiciales contra todas esas personas que cometen delitos graves como las torturas, los homicidios, la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, la quema de una sede de la Fiscalía en Popayán, todos esos hechos fueron sustentados debidamente por la Fiscalía y le cumplimos al país; en eso creo que la tarea de la Fiscalía es seguir preservando el orden institucional”, señaló el fiscal.

Los jueces también sentaron su posición respecto del decreto y particularmente de los pronunciamientos de asesores o analistas cercanos al primer mandatario. Insisten en que las decisiones de privar de la libertad a los procesados por hechos criminales en el marco de las protestas hacen parte de decisiones judiciales, bajo el respeto del debido proceso.

“Quienes han sido privados de la libertad están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, luego no hay ninguna detención ilegal. Ahora bien, quien considere que está detenido ilegalmente, pues hay unas acciones que las conocen como habeas corpus para quien considere que está retenido detenido ilegalmente”, dijo el magistrado Hugo Alexánder Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá.

La Fiscalía también entregó un balance del número de procesos que están en el ente acusador, de personas vinculadas a hechos criminales en el marco de las jornadas de protesta, de manera especial los judicializados por vínculos con la llamada primera línea. Hasta el momento, nueve personas han sido condenadas, 150 están en la etapa de juicio y 171 en imputación de cargos.