La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macrocaso 09 que hace referencia a las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno. Las cuentas de la justicia transicional señalan que existen 1.350.181 víctimas de desplazamiento forzado, seguido del homicidio y la desaparición forzada.
En la apertura del expediente, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, señaló que se investigarán los crímenes que hayan podido cometer integrantes de la guerrilla de las Farc, la fuerza pública y otros agentes del Estado, así como terceros civiles contra Pueblos y Territorios Étnicos.
Para abrir este caso, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta que los pueblos y territorios étnicos fueron víctimas sistemáticas de ataques en contra de su integridad durante décadas por todos los protagonistas del conflicto armado. Estas acciones se vieron acentuadas por actos de racismo y discriminación, “y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que ha reconocido la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas”.
El magistrado Cifuentes resaltó que en el Acuerdo Final de Paz se reconoció la contribución de los Pueblos Étnicos a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país.
Por estos hechos, se enfatizó el enfoque étnico racial y de género, mujer, familia y generación en todas las actuaciones del Sistema Integral de Paz, para asegurar el derecho fundamental a la consulta previa; garantizar la participación de los Pueblos Étnicos como sujeto colectivo titular de derechos en los procesos judiciales y extrajudiciales.
“El respeto de las facultades jurisdiccionales de los pueblos indígenas y de justicia propia de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros (NARP); y la definición de mecanismos de coordinación interjurisdiccional e interjusticias con los Pueblos Étnicos”, explicó el presidente de la JEP.
Por su parte, la magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres explicó que la Sala de Reconocimiento destacó que el desplazamiento forzado tuvo uno de los impactos más fuertes sobre los Pueblos Étnicos, pues muchos de sus integrantes fueron obligados a salir de sus territorios y a vivir en el exilio.
“Esta acción debilitó su conexión sagrada con su territorio ancestral y colectivo. Es por ello que el ataque intencional y desproporcionado contra la Naturaleza, el Territorio y el ambiente serán investigados en el Caso 09″.
Este expediente cuenta con 976 informes entregados a la Sala de Reconocimiento, 435 tienen componente étnico y de ellos, 177 fueron analizados por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP para la identificación preliminar de hipótesis de patrones de macrocriminalidad.
El primer informe hace énfasis en los crímenes y hechos victimizantes como el asesinato de líderes, lideresas y autoridades étnicas, el desplazamiento forzado de su territorio ancestral y colectivo, la destrucción de los procesos organizativos y de gobierno propio, la profanación de sitios sagrados y la destrucción de ecosistemas, entre otras conductas; segundo, la descripción de los daños graves, diferenciados y desproporcionados que destruyeron las condiciones de vida y existencia y comprometieron la pervivencia física, cultural y espiritual de los Pueblos Étnicos; y, finalmente, la reivindicación de derechos colectivos, individuales y territoriales, así como la dignificación de sus procesos de resistencia pacífica frente a la expansión y persistencia de la violencia y sus causas estructurales.
En el ámbito territorial, a partir del análisis preliminar de intensidad de la victimización documentada, la Sala tiene en etapa de concentración cuatro territorios en los cuales ha identificado 375.967 víctimas, de las cuales 190.607 pertenecen a Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio; 89.994 a Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes; 33.540 a Amazonía y Orinoquía; y 61.826 a Chocó en la zona de influencia del Medio Atrato. La Sala continúa analizando los informes para integrar un tercer Universo Provisional de Hechos, sobre el cual tomará una futura decisión de priorización interna.
La JEP recordó que las conductas no amnistiables cometidas por las Farc contra la autodeterminación y la existencia física, cultural y espiritual de los pueblos y territorios étnicos en ejercicio del control social y territorial. Bajo esta hipótesis se concentran los hechos cometidos con el propósito de destruir las estructuras organizativas o comunitarias de los Pueblos Étnicos a través del ataque sistemático contra sus derechos de autodeterminación y autonomía, así como los crímenes que comprometieron la pervivencia y existencia física, cultural y espiritual de los sujetos colectivos a través de la destrucción de sus territorios, sitios sagrados y el entorno natural.