La investigación de la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y la propia Inspección de la Policía, tras el asesinato de tres jóvenes en el departamento de Sucre, dejó una importante decisión. Los 10 policías capturados fueron enviados a la cárcel por orden de una juez de Control de Garantías. Todos los uniformados se declararon inocentes, pero la justicia consideró que representan un riesgo para el proceso.

Las pruebas que presentó la Fiscalía y que conoció en detalle SEMANA, dejaron a los uniformados como los responsables de participar, de forma directa o indirecta, en el asesinato de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, los tres capturados por la Policía el pasado 25 de julio, luego de un operativo para dar con los asesinos de un patrullero en el municipio de Sampués.

La Fiscalía explicó el grado de responsabilidad que tendrían los uniformados, algunos por homicidio: la subteniente María Camila Buriticá y los patrulleros Jesús María Bolaños, Rafael Paz Barbosa y Santiago Garavito Diaz. Por privación ilegal de la libertad y favorecimiento, los patrulleros Yamit Alfonso Henao Araque y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo.

El fiscal del caso también hizo una imputación de cargos por los delitos de tortura en contra de los patrulleros Uber Guillermo Mieles, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta y Leila Carolina Ávila, todos integrantes de las unidades de Infancia y Adolescencia que se encargaron de interceptar a los tres jóvenes en el cruce que comunica a varios municipios en el departamento de Sucre.

“Encontrándose las tres víctimas en un estado de indefensión, pues en un vehículo de la Policía rodeado por cuatro funcionarios de policía, eran golpeados en distintas partes del cuerpo, amarrados, lo que en conjunto les impedía poder defenderse o repeler el ataque, porque estaban absolutamente doblegados; esta situación fue aprovechada por el señor teniente coronel Núñez, quien haciendo uso de su arma de dotación disparó en varias oportunidades”, dijo el fiscal.

La juez de Control de Garantías leyó las declaraciones que entregó la Fiscalía y que ubican a los uniformados en el lugar de los hechos, incluso en el momento que, de acuerdo con dos patrulleros, el coronel Benjamín Núñez disparó a quemarropa en contra de las tres víctimas, cuando estaban en el platón de la camioneta de la Policía y, supuestamente, de camino al hospital de Sincelejo.

“Analizados estos elementos allegados por el ente investigador, podemos inferir que el homicidio está respaldado por la epicrisis de la clínica Reina María, donde fueron trasladados los tres jóvenes que resultaron sin vida… Con su actitud complaciente aceptaron, convalidaron las actuaciones de su superior y en ese sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado al resaltar el cumplimiento de las órdenes superiores tienen un límite y es que cuando de forma notoria vulnera la Constitución Política y el Derecho Internacional Humanitario hay una prohibición absoluta”, señaló la jueza.

La Fiscalía insistió en la necesidad de una medida de aseguramiento en contra de los 10 policías tras considerar que, de estar en libertad pueden afectar el proceso, presionar testigos y dejar en riesgo a las víctimas, las familias de los jóvenes que fueron asesinados a manos, según la Fiscalía, del coronel Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía en Sucre.

La decisión de enviar a la cárcel a los uniformados se convierte en el párrafo final del primer capítulo en esta investigación. Los policías tendrán la posibilidad de defenderse, pero desde su sitio de reclusión, mientras avanza el proceso.