Sorpresivamente, este jueves una jueza rechazó el preacuerdo que había firmado la excongresista Aida Melrano Rebolledo con la Fiscalía General y en el cual aceptaba su responsabilidad en la fuga que protagonizó el 1 de octubre de 2019 cuando asistía a una cita odontológica en el norte de Bogotá.
Para la jueza 18 de conocimiento de Bogotá, la negociación que adelantó la exrepresentante a la Cámara con la Fiscalía General por el delito de fuga de presos no tuvo en cuenta varios principios legales.
En el análisis del caso, la funcionaria judicial advirtió las irregularidades en la pena fijada (32 meses de prisión) pues debería ser fijada desde el segundo cuarto y no desde el primero como se hizo. En simples palabras, la pena debería ser superior y no la más laxa.
“La pena mínima contemplada originalmente es de 48 meses. Al aplicar la reducción de una tercera parte, lo que equivale a 16 meses, se obtiene la pena acordada de 32 meses. Este beneficio se otorga debido al reconocimiento del hecho y la colaboración con las autoridades de la señora Aida Merlano Rebolledo con la administración de justicia”, explicó la jueza de conocimiento.
“La pena mínima contemplada originalmente es de 48 meses. Al aplicar la reducción de una tercera parte, lo que equivale a 16 meses, se obtiene la pena acordada de 32 meses. Este beneficio se otorga debido al reconocimiento del hecho y la colaboración con las autoridades de la señora Aida Merlano Rebolledo con la administración de justicia”, precisó la delegada del ente investigador en la audiencia celebrada el 19 de septiembre.
La defensa de la exrepresentante conservadora presentó recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
“El preacuerdo realizado entre la Fiscalía y la defensa debe ser que la pena a imponer a la señora Aida Merlano sea de 32 meses y este está completamente ajustado a Derecho pues tiene el descuento de una tercera parta ajustado desde la pena mínimo por el que fue acusada”, señaló la abogada defensora.
Los registros fílmicos y los elementos de prueba recopilados indicaron que la excongresista llegó a las 11 de la mañana al centro médico La Sabana, ubicado sobre la calle 116 con carrera séptima.
Tras someterse a una nueva sesión de diseño de sonrisa, Aida Victoria Merlano, hija mayor de la dirigente política, le entregó una maleta.
Para la Fiscalía, la excongresista habría actuado premeditadamente y sabía que recibiría apoyo para concretar la fuga, se fue a Venezuela y solo retornó al país luego de ser deportada el 10 de marzo de 2023.
Por estos hechos, fue sentenciado a 15 años de prisión el capitán del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), David Alexander Álvarez Cárdenas.
Tras un extenso juicio fue hallado responsables por los delitos de prevaricato por acción (autor) y favorecimiento en la fuga de presos (coautor).
Esto, tras comprobarse que fue quien firmó el permiso para que la excongresista -quien se encontraba en la cárcel de El Buen Pastor- saliera al centro médico La Sabana.
Esto pese a que tal salida no tenía justificación alguna y a que el funcionario, para ese momento, se encontraba en vacaciones.