Otros agentes de la Policía estarían involucrados en los hechos que rodearon la retención ilegal, torturas y posterior asesinato de tres jóvenes en zona rural del municipio de Chochó (Sucre), en hechos registrados el pasado 25 de julio. Así lo relató la jueza primera Penal Municipal de Control de Garantías de Sincelejo, que compulsó copias para que se realicen las respectivas investigaciones penales y disciplinarias.
La funcionaria judicial advirtió que según los relatos de testigos presenciales y las conclusiones que se registraron en el informe de necropsia allegado por la Fiscalía General durante la imputación de cargos, otros policías habrían tenido una participación y conocimiento de estos hechos.
“Bajo las lesiones encontradas en ese informe de necropsia hará la compulsa de copias respectivas a la Fiscalía General de la Nación y la autoridad disciplinaria respectiva para que investigue, si aún no lo han hecho, a las personas que participaron en el operativo como grupos de apoyo Goes, Infancia y Adolescencia, Unipol, MNBCC, Sijín, Sipol, Gaula, ese 25 de julio de 2002, que arribaron al lugar del retén donde fueron detenidos los jóvenes víctimas en este asunto, en el horario comprendido entre las 17:46 a las 17:49 y hubiesen podido realizar actos de tortura contra los mismos”, precisó.
Tras la evaluación de los argumentos de las partes, la jueza señaló que el escolta del juez Álvaro Álvarez Ricardo no se le imputó el delito de tortura, “sin embargo, según la inspección al fusil Tavor 21 5.56 mm con número de identificación 34800088 que le fue asignado, al revisar las imágenes que tomaron durante el procedimiento se observa una coloración azul tenue en la trompetilla del fusil que permite presumir que tiene una pequeña mancha, que podría ser un fluido de sangre”.
Estos hechos, advirtió, deberán ser investigados por la Fiscalía. Igualmente, resaltó una de las conclusiones de la necropsia que hacen referencia a las heridas y escoriaciones en cuerpo cabelludo a las tres víctimas con elementos contundentes. “El acta de inspección de los cadáveres evidencia que esas heridas circulares pudieron haberse realizado con este tipo de fusil, aspecto que deberá ser investigado por la Fiscalía”.
Igualmente, la jueza compulsó copias para que se investigue la presunta falsedad en testimonios y la manipulación de los registros oficiales sobre los hechos que rodearon el mencionado operativo por la subteniente María Camila Buriticá. “Si bien ella relató en el reporte del procedimiento a sus superiores cómo ocurrió (omitió), es decir, calló parcialmente la verdad”.
La jueza resaltó que a la suboficial se le pasó decir que “en el traslado de los jóvenes al centro de salud estos fueron impactados en repetidas oportunidades, presuntamente, por el coronel Benjamín Núñez, causándole la muerte instantánea. Eso no lo dijo y eso es callar parcialmente la verdad, por lo que se compulsarán copias a la Fiscalía y a las autoridades disciplinarias competentes para que, de no haberlo hecho, puedan iniciar las investigaciones respectivas y establecer si aquí se ha incurrido en la comisión de un ilícito”:
El pasado 24 de agosto, la Fiscalía General completó la imputación de cargos, de acuerdo con la responsabilidad de cada uniformado, por los delitos de homicidio, tortura y privación de la libertad. Para el fiscal, las pruebas advierten de qué modo los jóvenes fueron víctimas de un homicidio, antecedido por unas torturas. Tras la pregunta de la jueza de garantías todos los policías se declararon inocentes.