El fiscal Francisco Barbosa lo había advertido: los altos mandos de la Policía y el Ejército tendrán que responder por omisiones en el apoyo que debieron brindar a los uniformados que resultaron secuestrados en el departamento de Caquetá. Ahora, la Justicia Penal Militar anticipa que se abrió una investigación en el mismo sentido.
De acuerdo con jurisdicción castrense, un juzgado de instrucción inició las verificaciones o actos de investigación tendientes a establecer varias hipótesis que se derivan de este caso, en particular la comisión de dos delitos: homicidio y omisión de apoyo especial.
En otras palabras, y a partir de la competencia de esta jurisdicción, se podría entender que las investigaciones por el asesinato de un subintendente de la Esmad y el secuestro de 79 de sus compañeros, sería atribuido, de acuerdo con el grado de responsabilidad, a otros funcionarios de la Policía y del Ejército.
“Con ocasión de los hechos acaecidos el pasado 2 de marzo 2023 sector Los Pozos en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, donde resultaron muertos un policía y un campesino, el Juzgado 181 Instrucción Penal Militar inició investigación preliminar bajo hipótesis de posibles delitos de homicidio y omisión de apoyo especial”, señaló la Justicia Penal Militar.
La advertencia de la Justicia Penal Militar resulta de relevancia y confirma una de las hipótesis que manejó la Fiscalía tras advertir la presunta responsabilidad que tendrían altos mandos tanto de la Policía como del Ejército, en la omisión de socorro, evidente en los audios que se difundieron a través de redes sociales y donde los uniformados pedían apoyo a sus compañeros.
El fiscal Francisco Barbosa aseguró que se adelanta una investigación con el ánimo de establecer quiénes serían los responsables del asesinato y del secuestro de los uniformados en el departamento de Caquetá, pero advirtió que por la línea de mando se establecerá la responsabilidad de los funcionarios que omitieron el apoyo a sus compañeros.
“Pues tendrá que responderle a la Fiscalía con apoderado, seguramente en interrogatorios y mostrar que ellos tienen que cumplir un deber constitucional. Ojo, el deber constitucional está en la Constitución Política, no existe ninguna norma de inferior nivel a la Constitución Política que pueda llevar a que un militar incumpla con sus deberes constitucionales y legales”, señaló el fiscal general.
Para el jefe del ente acusador es claro que no se permitirá ningún hecho de violencia en contra de los funcionarios de la Fuerza Pública, pero tampocó dejarán de investigar las omisiones o la falta de apoyo a sus propios compañeros, como ocurrió en el sector conocido como Los Pozos, con el secuestro de los uniformados, víctimas incluso de tortura.
“No podemos permitir que existan hoy acciones de violencia contra los miembros de la Fuerza Pública ni acciones omisivas del alto mando en caso de que se presenten hechos criminales. Por eso tenemos todos los equipos y es una tarea que le he encomendado a la señora vicefiscal general de la Nación”, señaló el jefe del ente acusador.
Ahora con esta investigación de la Justicia Penal Militar son tres instituciones buscando la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública que decidieron ignorar el llamado de auxilio que hicieron los policías del Esmad cuando eran atacados por la autodenominada Guardía Campesina.