En las últimas horas se conoció que la Fiscalía adelanta labores previas de verificación, recolección de pruebas y actuaciones de investigación, en el marco de un proceso que se adelanta por las presuntas irregularidades cometidas por una juez, al otorgar la libertad de dos personas incluidas en el listado de voceros de paz del Gobierno Nacional.
En este sentido investigadores del CTI llegaron hasta la sede del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao para adelantar una inspección judicial que permita conocer en detalle de qué forma se tomó la decisión, de dejar en libertad, a los voceros de paz y si está orden cumplió con los requisitos de ley.
El ente acusador adelanta una investigación preliminar de cara a conocer los detalles del trámite que otorgó el beneficio a los privados de la libertad, los mismos que estaban procesados por los graves hechos ocurridos en la protesta nacional y que, en algunos casos, incluían hechos de terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales.
La Fiscalía aseguró que la diligencia hace parte de un procedimiento derivado de una denuncia presentada por la Procuraduría, respecto de presuntas irregularidades de personas detenidas como integrantes de la llamada primera línea. En ese orden de ideas, las labores de verificación incluyen las inspecciones judiciales, como la que adelantan en Paloquemao.
“La Fiscalía General de la Nación recibió de la Procuraduría General de la Nación una denuncia sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la libertad de dos personas judicializadas por el proceso denominado Primera Línea. Atendiendo lo anterior, se dispuso los actos investigativos para la recolección de material probatorio. Esta labor se adelanta articuladamente por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción”, señaló el ente acusador.
Desde la judicatura aclararon que la decisión de la juez, que dejó en libertad a los integrantes de la Primera Línea, se ajustó a lo normado por el propio Consejo Superior de la Judicatura, pues la coordinadora del Centro de Servicio Judiciales asume competencias en este mismo sentido.
“Los imputados que por disposición del juez de control de garantías quedan privados de la libertad, quedarán a disposición del juez coordinador del centro de servicios judiciales situación que ocurre con los señores… luego de la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por un juez de garantías”, explicó el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá.
Además, aseguraron los jueces, en respaldo a la coordinadora del centro de servicios judiciales, que la decisión se encuentra soportada en los decretos firmados por el Gobierno Nacional donde deja a disposición de la judicatura la libertad de los integrantes de la llamada primera línea, procesados por hechos criminales en el marco de la protesta.
“No existen irregularidades en la suspensión de las medidas de aseguramiento y por ende en las libertades otorgadas a los ciudadanos… integrantes de la primera línea, por cuanto la decisión obedeció al cumplimiento de la orden presidencial plasmada en el decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022″, advierten desde la judicatura.
La Procuraduría también adelanta una investigación para determinar si hubo irregularidades en la decisión de la juez, al no darle trámite correspondiente a la solicitud de libertad y tomar ella la determinación revestida, únicamente, por su cargo en el centro de servicios judiciales.